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La denuncia por el ingreso de niñas, niños y adolescentes haitianos en vuelos chárter de reunificación familiar continúa escalando y generando preocupación transversal.

En medio de las primeras diligencias de la Fiscalía, el Presidente José Antonio Kast convocó para este jueves a una reunión en La Moneda con representantes de los tres poderes del Estado. A la cita también asistirán el fiscal Nacional, Ángel Valencia; el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna; y la contralora general, Dorothy Pérez, en un encuentro destinado a abordar un caso que ha puesto bajo escrutinio a diversas instituciones públicas.

La decisión del Jefe de Estado se tomó luego de que el biministro Claudio Alvarado convocara a una reunión interministerial, donde se anunció la creación de una fuerza de tarea para ubicar a los menores.

Según informó el secretario de Estado, será la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, quien quedará a cargo de la coordinación interministerial.

Máxima preocupación por caso de niños haitianos en Chile

Con todo, los movimientos fueron intensos durante la jornada de este miércoles. A primera hora, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, llegó hasta la Fiscalía Nacional para reunirse con el Ángel Valencia y entregar antecedentes del caso.

Tras la cita, Sauerbaum informó que entre 2022 y 2025 se autorizaron 16.498 reunificaciones familiares y sostuvo que existen indicios de posibles delitos, entre ellos tráfico de migrantes.

Además, endureció su tono respecto de la administración del expresidente Gabriel Boric y puso el foco en un memorándum dictado en 2024, que flexibilizó los requisitos para el ingreso de menores haitianos al país.

Más tarde, el director de Migraciones se trasladó al Congreso Nacional, donde volvió a abordar el caso. Lo hizo en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, que sesionó para recibir información sobre esta denuncia con representantes del Ministerio Público, la PDI y la Dirección General de Aeronáutica Civil.

En la instancia, el fiscal de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, fue consultado sobre la eventual existencia de casos de tráfico de órganos en la investigación, algo que descartó.

En representación de la PDI, el subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, Ricardo Gatica, aseguró que la institución fue una de las primeras en denunciar el hecho.

También dijo que los organismos encargados del control migratorio habían detectado señales de alerta por el ingreso masivo de personas y que, ante posibles irregularidades, presentaron denuncias ante la Fiscalía en 2024. De hecho, agregó que esas investigaciones aún se encuentran en curso.

Respecto a los controles migratorios en el aeropuerto, el prefecto afirmó que la mayoría ingresó con permisos de residencia temporal por reunificación familiar emitidos por el Servicio Nacional de Migraciones.

Por su parte, el director de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Humberto Fernández, precisó que la vinculación de su organismo con los vuelos en cuestión es netamente técnica y dirigida hacia cuestiones aeronáuticas. Por ende, según explicó, no revisan antecedentes sobre los pasajeros que se movilizan en casa avión.

Sin embargo, reveló que este año suspendió temporalmente la autorización de vuelos de la aerolínea Arajet tras una alerta de Migraciones por posibles incumplimientos en el embarque de pasajeros.

La restricción inicial, según se explicó, fue levantada tras una reunión con la PDI, Migraciones y la aerolínea, luego de constatar que los pasajeros contaban con la documentación requerida.

Sus declaraciones se produjeron en medio de nuevos antecedentes revelados por Radio Bío Bío sobre uno de los vuelos chárter que hoy está bajo la lupa de las autoridades.

Se trata de una aeronave que aterrizó en Santiago el 15 de octubre de 2025 con 124 menores haitianos a bordo, pese a que ya existían alertas de distintas instituciones sobre posibles irregularidades en estos procesos.

El reportaje detectó inconsistencias en la trazabilidad del vuelo y abrió interrogantes sobre los controles aplicados, lo que motivó nuevas solicitudes de explicaciones a la PDI y la DGAC.

Entre quienes advirtieron tempranamente sobre la situación figura el exdiputado Rubén Oyarzo, quien afirmó haber alertado de irregularidades cuando presenció la llegada de uno de estos vuelos.

Otra de las instituciones que alertó sobre la situación fue la Defensoría de la Niñez.

El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, aseguró que la institución advirtió desde 2023 sobre falencias en los procesos de reunificación familiar y movilidad de niños migrantes.

Pero, acusó que varias de las solicitudes de información y alertas enviadas a organismos del Estado no tuvieron respuesta. Entre las instituciones se encuentran la Subsecretaría de la Niñez, el Servicio Nacional de Migraciones, la PDI, Cancillería y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores

De esta manera, las interrogantes que continúan abiertas son muchas: ¿Cuántos menores ingresaron al país sin los resguardos exigidos? ¿Dónde se encuentran actualmente? ¿Hubo fallas de las instituciones encargadas de supervisar estos procesos? Y, sobre todo, ¿existió la participación de terceros en eventuales delitos contra los niños, niñas y adolescentes involucrados?