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“Errores garrafales del tribunal”: Abogado querellante arremete por cautelares del caso Procultura
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de la fiscalía de dejar en prisión preventiva a los cuatro imputados del caso Procultura.
La medida cautelar para los imputados, incluido Alberto Larraín, fue arraigo nacional.
En conversación con La Radio, el abogado querellante calificó la medida del juzgado de garantía como “un fallo judicial que le falla a la ciudadanía”.
El abogado se refirió al fallo como “realmente inentendible”, con lo que apuntó contradicciones entre jueces del mismo tribunal.
Lo anterior, según explica Toloza, con los mismos antecedentes en primera instancia se autorizó la detención de los imputados y luego se determinó que “eventualmente no constituirían delito”. Lo que a juicio del abogado evidencia un cambio de criterio difícil de justificar.
Además, acusó que la resolución tiene “errores garrafales”, especialmente respecto a la calidad de funcionario público de Alberto Larraín.
“El tribunal señala que no sería funcionario público, siendo que fue director de una corporación del Gobierno Regional”, sostuvo el abogado.
Con lo que recordó que tanto la legislación chilena como los estándares internacionales consideran funcionario público a quien cumple funciones públicas, incluso a honorarios.
Afirmando que el juez cometió un error al señalar que la corporación no era fiscalizada por la Contraloría, pese a que existen informes del organismo.
Los recursos públicos usados por Procultura
Otro punto crítico para Toloza es el uso de recursos públicos por parte de Procultura. Donde el abogado reveló que cerca de $1.600 millones fueron depositados en fondos mutuos, lo que está prohibido por la ley.
“Rescatan cerca de $4.800 millones y ganan $200 millones de interés del fisco”, explicó Toloza, por lo que cuestiona que el tribunal lo considerara un tema administrativo y no una falta grave.
Finalmente, el abogado querellante confirmó que se apelará la resolución frente a la Corte de Apelaciones, esperando que el fallo sea revertido.
También apuntó que los constantes cambios de fiscales que ha tenido el caso han retrasado la investigación por más de dos años y medio.
“Cada cambio implica volver a estudiar cerca de setenta mil hojas de antecedentes”, señaló, para advertir que lo anterior ha generado criterios distintos y lentitud en el caso.
