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Tras más de dos años de indagatorias, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, decidió cerrar la investigación penal contra la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, en el marco del fallido intento de compra de la exClínica Sierra Bella.

El Ministerio Público comunicó al 7° Juzgado de Garantía de Santiago que no perseverará en la causa, al no encontrarse antecedentes que permitan configurar un delito.

En el escrito, el persecutor señaló que “encontrándome dentro de plazo legal, comunico que he decidido no perseverar en el procedimiento, porque no se han podido reunir los antecedentes necesarios para proseguir con la persecución penal, por lo que pido fijar audiencia para debatir sobre la decisión de no perseverar en el procedimiento”.

La decisión implica que el Ministerio Público no formulará cargos y dejará sin efecto la indagatoria respecto a Hassler.

El caso Sierra Bella

El caso surgió a raíz de la frustrada adquisición del inmueble ubicado en calle Sierra Bella #1181, en la comuna de Santiago, que en 2023, bajo la administración de Hassler, el municipio intentó comprar por $8.200 millones.

La operación generó suspicacias luego de que se conociera que la propiedad había sido adquirida por la inmobiliaria San Valentino SpA por solo $2.200 millones.

La diferencia de precios y las tasaciones que avalaban el nuevo valor se convirtieron en el foco de cuestionamientos judiciales, administrativos y políticos.

El informe de Contraloría fue clave en el desarrollo de la causa. En su dictamen, el ente contralor señaló que el municipio de Santiago no justificó adecuadamente el monto de la operación y que las tres tasaciones en que se sustentó la oferta, realizadas por privados, superaban ampliamente tanto el avalúo fiscal de $2.432 millones como el valor de compra previo.

Además, el organismo observó que no se acreditaron debidamente los métodos de tasación aplicados, y que hubo una falta de diligencia en la evaluación del precio.

A partir de ese dictamen, Contraloría instruyó un sumario administrativo, paralelo a la arista penal.

Por otra parte, a mediados de 2023, la Fiscalía de Alta Complejidad encargó su propia tasación a Transsa Consultores Inmobiliarios. El informe de la empresa valorizó el inmueble en $2.630 millones, cifra mucho menor a los $8.200 millones pactados por el municipio. Esta tasación fue clave para sustentar la tesis de que existía un desajuste entre el valor real del bien y el precio ofrecido por la municipalidad.

Sin embargo, como reveló un reportaje de La Radio, el peritaje encargado por el fiscal Cooper también ha sido cuestionado. Expertos señalaron que el informe de Transsa presentaba fallas técnicas graves, como por ejemplo, el uso de bases de datos desactualizadas (al menos un año antes del periodo relevante), la omisión de información de mercado, y presuntamente la aplicación de factores de corrección sin justificación.

Asimismo, el informe no incluyó un análisis técnico robusto del destino comercial de la propiedad, lo que podría haber influido en su valorización.

El reportaje de La Radio sostenía que la metodología utilizada, según expertos en tasaciones, no sería suficiente para definir con precisión el valor de una clínica habilitada para funcionar, lo cual eleva su potencial precio de mercado frente a un inmueble desocupado o con fines habitacionales.

A ello se suma un posible conflicto de interés: Transsa había prestado servicios previos al Consejo de Defensa del Estado (CDE), que en esta causa actuó como querellante. Aunque el vínculo no constituye ilegalidad, podría levantar dudas sobre la imparcialidad del informe.

Hassler reitera inocencia y acusa mal utilización de la justicia

De esta manera, fueron más de dos años de diligencias del Ministerio Público, que este lunes terminaron con la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, libre de acusaciones por parte de la fiscalía.

En ese sentido, fue la misma exjefa comunal quien reafirmó su inocencia y acusó a personeros del Partido Republicano de instrumentalizar la justicia con fines políticos.

Además, criticó las filtraciones durante el proceso, que calificó como un intento de perjudicarla políticamente y electoralmente.

Por su parte, Nelson Salas, abogado representante del dueño de Sierra Bella, Felipe Sánchez, sostuvo que están conformes con el cierre de la investigación, aunque buscarán el sobreseimiento.

Asimismo, destacó que fue una investigación extensa e intrusiva, que duró más de dos años, en la que se revisaron cuentas bancarias, antecedentes patrimoniales y dispositivos tecnológicos tanto de Sánchez como de su familia y tras esa exhaustiva indagatoria, se confirmó que su representado no tuvo participación en ningún delito.

De hecho, hace solo unos días, el abogado Nelson Salas solicitó el sobreseimiento de Felipe Sánchez ante la Corte de Apelaciones de Santiago, petición que fue rechazada por dos votos contra uno.

Paralelamente, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago también desestimó la solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa del empresario, propietario del inmueble. El tribunal argumentó que aún quedan diligencias pendientes.

Por su parte, desde el Partido Republicano, el abogado querellante Sergio Rodríguez acusó una “interpretación restringida del delito de fraude al fisco” y advirtió que la Fiscalía está descartando una posible conducta dolosa sin agotar todas las diligencias.

También, cuestionó la oportunidad en que se tomó la decisión, insinuando que el fiscal Cooper estaría actuando bajo presión de sus superiores y de personas involucradas en la investigación, considerando que hay solicitudes de remoción pendientes en su contra. Según el abogado, lo más prudente habría sido postergar el pronunciamiento o derivar la decisión a un tercero.

Sin embargo, Níger Cantillana, académico de derecho de la Universidad Central, explicó que para que exista el delito de fraude al fisco deben cumplirse ciertos requisitos, entre ellos que el acto sea cometido por un funcionario público, que exista un engaño o violación de deberes, y que se produzca un daño patrimonial al Estado.

En el caso de la fallida compra de la ex Clínica Sierra Bella, aunque hubo una tasación elevada, no se concretó la transacción ni se generó un perjuicio económico, por lo que no se configuraría el delito, ya que falta uno de sus elementos clave: el daño.

Además, Cantillana señaló que el fiscal Cooper, al decidir no perseverar, estaría actuando conforme a sus deberes legales si concluyó que no hay delito.

Respecto a las presiones que enfrenta el fiscal, el académico recordó que la Corte Suprema debe evaluar su conducta en base al derecho y a los hechos, y que, si no ha cometido faltas, no debiese verse afectado.

Cabe mencionar que aún faltan los alegatos ante la Corte Suprema de los intervinientes en la causa que busca la remoción total del cargo de fiscal de Patricio Cooper.