Señor director:

La ironía en Chile suele vestirse de tecnocracia. Mientras el Estado persigue con celo burocrático a pequeños propietarios por errores en sus declaraciones, Javier Etcheberry, el propio director del Servicio de Impuestos Internos —sí, el máximo responsable de hacer cumplir las normas tributarias del país— admite con una serenidad pasmosa que lleva más de nueve años sin pagar correctamente las contribuciones de su casa en Paine.

¿El motivo? Una seguidilla de excusas que solo irritan más: “que el sistema no ayuda”, “que contrató arquitectos”, “que presentó los papeles”, “que se perdieron”, “que hace 15 años lo intenta”. Un concierto de lamentos que, de no tratarse de una autoridad pública, sería tomado por lo que es: una evasión en regla.

Pero no se trata solo de una omisión prolongada en el pago de contribuciones. Lo verdaderamente indignante es la desfachatez con la que Etcheberry se victimiza, como si el país debiera compadecerse de su infortunio legal. ¿Y si fuera un ciudadano común quien no declara su casa, no actualiza su avalúo y paga la mitad de lo que corresponde durante casi una década? ¿Acaso el SII sería tan comprensivo?

El mismo hombre que, desde su cargo, defendía con vehemencia la legitimidad del cobro a las propiedades más caras, ahora se refugia en tecnicismos y lagunas administrativas para justificar su propio incumplimiento. ¿Cómo pretende que los ciudadanos respeten al SII, si su máxima autoridad actúa como si estuviera por encima de las normas?

A eso se suma su bochornosa declaración sobre el “20% más rico” que se queja del pago de contribuciones. Una frase clasista, imprecisa y ofensiva, por la cual se vio obligado a recular. Claro, no todos los que tienen propiedades de alto avalúo son millonarios; muchos son adultos mayores, herederos o simplemente propietarios cuyo entorno fue revalorizado sin que sus ingresos crecieran en la misma proporción. Pero Etcheberry prefirió caricaturizarlos como un puñado de privilegiados llorones. Un error doble: político y técnico.

Y como guinda de esta tragicomedia, el avalúo de su propiedad en Paine se duplicó misteriosamente el mismo día que la prensa consultó sobre el caso. Por la mañana: $158 millones. Por la tarde: $338 millones. ¿Coincidencia? ¿Agilidad repentina del sistema? ¿O una mano rápida que entendió que el escándalo ya era inevitable?

Este episodio no es una anécdota. Es un síntoma. Cuando el funcionario que debe garantizar la equidad tributaria abusa de su posición, se erosiona la confianza ciudadana, se deslegitima el sistema y se instala la percepción —cada vez más justificada— de que hay una élite que vive en una zona franca moral, donde las reglas solo aplican al resto.

El director del SII, Javier Etcheberry, no puede seguir en su cargo. No por los errores administrativos de hace una década, sino por la absoluta falta de ética, humildad y responsabilidad en su manejo actual del caso. Porque lo que aquí falta no son permisos, ni planos, ni catastros: lo que falta es vergüenza.

Por Jorge Ravanales Arriagada
Santiago