Señor Director:

En febrero de 2023, Contraloría emitió un informe (E332542/2023) cuestionando la compra de la Ex Clínica Sierra Bella, a pesar de ello, la alcaldesa Hassler defendió precozmente el precio y a los tasadores, a quienes luego demandó por un supuesto engaño.

Las inconsistencias en (y entre) las tasaciones eran suficientes para dudar razonablemente de un “engaño intencional”.

La formación profesional de la alcaldesa, sumada a la experiencia del ex SECPLA y del ex director jurídico, deberían haber bastado para detectar e investigar claras anomalías: un inmueble de uso específico que multiplica por cuatro su precio en pocos meses y justifica el dato en tres tasaciones con una improbable dispersión cercana a 0%.

El vale vista del primer pago por $2.500 millones ya salió del erario fiscal (hoy retenido por la justicia) generando daño patrimonial y costos financieros.

Adicionalmente, la inscripción conservatoria y el pago total se encuentran judicializados en la I. Corte de Apelaciones de Santiago (C-6-2023), no es caso cerrado.

La compraventa se firmó voluntariamente por la alcaldesa ante notario y luego insistió reiterada e infructuosamente en su inscripción para perfeccionar el acto.

Diversos expertos, alertaron tempranamente sobre potenciales incongruencias en la adquisición, sugiriendo prudencia. A pesar de ello, las autoridades, incluyendo parlamentarios y subsecretarios, blindaron públicamente la operación.

Se supone que en la administración pública la responsabilidad no se delega, por ello la decisión del Consejo de Defensa del Estado de no querellarse por no observar delito, sorprende.

No se necesitaba ser un especialista en valoración inmobiliaria para advertir las peculiaridades del caso.

Demetrio V. Benito O.
Perito Tasador

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