Miles de penquistas han sido testigos de la total impunidad con que decenas de comerciantes ambulantes se instalaron en los alrededores del Parque Ecuador con ocasión de la Feria Internacional de Arte Popular, que por segundo año consecutivo se ha vuelto a realizar en ese tradicional y concurrido sector de Concepción.
La presencia de más de cinco cuadras de toldos azules, arriba incluso de las ciclovías existentes en el parque, sorprendió a los vecinos que visitaban el lugar. Esto, no solo por su gran extensión; sino principalmente por la incapacidad de los organismos públicos para hacer frente a una situación completamente predecible.
La Feria de Arte Popular es una tradición de la ciudad y es sabido que año a año congrega una gran cantidad de personas de diversas partes de la región y de Chile, por lo que resultaba evidente que estos grupos, a veces, verdaderas mafias, buscarían instalarse en sus cercanías. Es por ello que resulta grave que no se haya previsto y dispuesto un mayor control para evitar esta verdadera invasión del comercio ambulante.
Ante una situación así, uno se pregunta si se trata de incapacidad, desidia o, derechamente, decisión de dejar que estas cosas pasen. Y la verdad, a la luz de las acciones y decisiones de nuestras autoridades, no sorprendería ninguna de estas posibilidades.
Recordemos que altas autoridades del gobierno local han declarado sin tapujos que el comercio ambulante existe porque tienen productos más baratos que los comerciantes establecidos y que los precios de estos últimos “se generan por la alta especulación de los valores”.
Lo impresentable de este tipo de declaraciones no radican en la alusión a la antigua ley de la oferta y la demanda, sino en acusar al comercio formal de “especulación”, desconociendo en su argumentación que dichos establecimientos pagan impuestos, patentes, arriendo de locales y cumplen las normativas sanitarias y laborales que el ordenamiento jurídico establece.
El incontrolable crecimiento del comercio ilegal en Concepción es una de las grandes amenazas que enfrentan día a día los locatarios del casco histórico y hoy los artesanos de la Feria de Arte Popular.
No se trata de un problema de precios de unos y otros, se trata de un problema de competencia desleal; de unos que pagan impuestos y cumplen la ley, a otros que no pagan impuestos y la incumplen. Y en esa disyuntiva, el Estado no tiene otra alternativa que proteger a los ciudadanos que la respetan. Es un principio básico de convivencia.
Comprender que hay personas que optan por el comercio ilegal por necesidad no puede llevarnos en ningún caso a justificar ni relativizar la instalación de estos puestos, que junto con destruir a los emprendedores y sus Pymes, invade los espacios públicos y fomenta la inseguridad ciudadana.
El comercio ambulante está desatado en Concepción. Enfrentarlo con decisión debe ser una tarea que una al municipio, al gobierno regional, al Ministerio de Interior a través de la delegación y a las policías. Se trata finalmente de recuperar el orden y los espacios públicos para todos.
