Decían que eran los mejores, que moralmente nadie podía competirles. Se erigieron como un bastión moral sin contrapeso. “Nosotros somos honestos, somos limpios, tenemos jerarquía y moral superior”, predicaban por cielo, mar y tierra.
El derrumbe de ese discurso se produjo en menos de una semana. Aunque al inicio hablaban de “error”, “descriterio” o “impertinencia” política el paso de los días demostró que estábamos en presencia de corrupción dura y pura.
La entrega de dineros públicos a una fundación como Democracia Viva que no tenía expertise en materias de vivienda y subvencionaba con montos millonarios a las personas integrantes de la red de un partido político ha sido un mazazo a la fe pública, pero sobre todo a una manera de hacer política donde el eje principal ha sido la soberbia.
Ese modo de actuar “ética y moralmente superior” fue acorralando y dejando poco espacio a quienes cometíamos el “pecado” de tener otras ideas o no pensar como ellos. Si defendíamos a la familia o el matrimonio entre un hombre y una mujer, se nos acusaba de discriminar a las minorías; si pedíamos cuidar a nuestros policías era porque no teníamos compromiso con los derechos humanos; si llamábamos terrorismo a lo que ocurre en el sur, nos trataban de racistas y opresores del pueblo indígena. Y así con un montón de otras materias donde decían tener la verdad revelada.
La idea de instalar una verdad única ha sido una tónica del grupo que hoy nos gobierna. Además de sus intentos por aprobar una constitución refundaciónal, que solo respondía a las ideas “buenistas” de la izquierda más dura, tienen la obsesión de definir un relato único de la realidad
El mejor ejemplo es la creación de una comisión gubernamental que ataque la desinformación, lo que no es más que un intento encubierto por establecer una sola lectura de las cosas y acallar las visiones que pueden resultar incómodas para el discurso oficial.
El hecho de querer ahogar la libre expresión es una visión propia de regímenes totalitarios, lo que es una materia de enorme preocupación para el sistema democrático, pero también a quienes practicamos la fe y creemos en la libertad de culto y religiosa.
Que sea el Estado o el gobierno de turno quien encabece esta idea es por sí mismo contradictorio porque precisamente el principal rol de los medios de comunicación es fiscalizar y cuestionar las decisiones que toma el Estado, tal como ocurrió en las platas mal habidas del caso “convenios”. Sin la intervención de la prensa o con una comisión que se preocupe de atacar la desinformación es perfectamente probable que el caso no se hubiera descubierto jamás.
El intento de controlar los medios de comunicación y regular las opiniones de la ciudadanía es una política más vieja que el hilo negro y por lo mismo la obligación de todos los que creemos en la democracia es actuar con valentía y decisión para detener este tipo de intenciones.
En democracia la desinformación se combate con más información y no con control y censura. El gobierno debe entender que la derrota en el plebiscito de septiembre no fue producto de las fake news, sino por la redacción de una constitución que no respetaba el interés mayoritario de los chilenos. Con o sin fake news, la derrota del Apruebo no tenía vuelta.
El Rd Gate puede tener consecuencias insospechadas, que incluso podria tocar a ministros y otros legisladores y para llegar al fondo de los hechos se necesita investigar, fiscalizar y transparentar los hechos, algo que un órgano regulatorio se encargaría de impedir.
Nadie está negando la existencia de noticias falsas y el tremendo daño que pueden provocar en una sociedad tan llena de información, pero si alguien quiere estudiar sobre el tema que sean las universidades o las escuelas de comunicación, siempre desde una perspectiva académica y viendo el fenómeno de un modo integral. Cualquier otro intento, especialmente del Estado, no es más que un modo oscuro de controlar la libertad de cada uno de nosotros, al mejor estilo de la novela 1984 de George Orwell y su temido Ministerio de la Verdad.
La decisión del Senado de acudir al Tribunal Constitucional para ver la pertinencia de la instalación de una comisión de este tipo es una buena manera de decirle al gobierno que crear una instancia cómo esta, por decreto, sin consultar al Parlamento, no es propia de una democracia que se precie de tal.