Fue en el otoño del 2017 cuando conocí a la sra. Rosa Puentes, dirigenta de la unión comunal de juntas de vecinos de Ránquil, comuna que hospeda a la celulosa Nueva Aldea. Ella vive ahí, a unos metros de la planta, al lado de la carretera, y para los incendios del cerro Cayumanque del 2012 ella había perdido su casa y bosque. Este verano lo volvió a perder todo. Durante un par de años trabajamos junto a ella y otras dirigentas y vecinos del ecosistema Cayumanque en un programa de restauración ecológica comunitaria. Plantamos árboles nativos, controlamos las especies invasoras para que pudiera brotar el nativo, trabajamos con voluntarios, y poco a poco aportamos en recuperar la esperanza de la Sra. Rosa y tantas otras personas que participaron y confiaron en la regeneración de la naturaleza.

¿Qué podría decirle hoy a la sra. Rosa? ¿Cómo podría volver a invitarla a plantar luego de que el fuego, una vez más, destrozara todo lo que tenía?

Los incendios de este verano han preocupado, una vez más, a vecinos, organizaciones, autoridades regionales, instituciones y actores privados. Vuelven a surgir las mismas inquietudes y urgencias, opiniones y sugerencias desde distintos actores de la sociedad. Resuena estar mejor preparados para este tipo de emergencias, poder tener mejores medidas para frenar y castigar a quienes provocan incendios.

Pero más allá de preocuparse de su origen y contención, urgen las soluciones a largo plazo, aquellas que le den tranquilidad a vecinas como la sra. Rosa, que puedan darnos mayores certezas de que la amenaza es menor. Es aquí donde han resonado fuerte también el ordenamiento y planificación territorial, y las regulaciones y obligaciones para la industria forestal. ¿Pero cuánta voluntad y perseverancia hay disponible para mejorar esto? El instrumento de planificación territorial que podría dar mayor ordenamiento a las zonas rurales, el PROT (plan regional de ordenamiento territorial), no tiene un reglamento con el que pueda operativizarse ni tampoco una vinculación legal. Los protocolos de plantación y prevención de incendios son acuerdos voluntarios que adquirieron las empresas forestales, pero que desconocemos el alcance de su diseño y ejecución.

Desde distintos actores de la academia, gobierno y también desde el sector forestal, se han hecho los llamados hacia mejorar la planificación y ordenamiento territorial, pensar paisajes heterogéneos y multifuncionales, resilientes al cambio climático, repensar la matriz productiva, diseñar nuevos regímenes de plantaciones e incluir zonas de amortiguación. ¿Cuánto de esto se hará realidad? Pasada la contingencia es cuando debemos mantenernos alerta y no restarle sentido de urgencia. A nivel local no debemos perder la capacidad de conocernos, organizarnos y cuidar nuestro territorio, teniendo las conversaciones y coordinando las acciones necesarias con nuestros vecinos, sean pequeños propietarios o grandes forestales.

Creemos que trabajando en fortalecer procesos más comunitarios y empoderados con el territorio, podemos avanzar hacia un habitar sano y coherente entre nosotros y los ecosistemas. Junto con esto, no debemos perder de vista nuestro actuar como ciudadanos, como votantes, como habitantes o vecinos de las comunas afectadas, como organizaciones de la sociedad civil, y debemos exigir y vigilar una agenda de cambios institucionales y nuevas regulaciones lideradas por el ejecutivo, agenda que converse y tenga tracción en el parlamento.

Solo así podremos tener más garantías de vivir en un condiciones seguras y no lamentar nuevamente, pérdidas y dolores tan grandes como los vividos con este incendio.