Una de las formas que tiene el Estado para financiar sus programas sociales es a través del sistema tributario, estableciendo impuestos a las actividades productivas con el propósito de que esas políticas sean sostenibles en el tiempo.
Existe consenso en que se debe apoyar a quienes, por distintas razones, tienen menos oportunidades o posibilidades de surgir en una sociedad, disponiendo de políticas públicas que les permitan adquirir herramientas que mejoren esas oportunidades, de manera que puedan surgir por su propio esfuerzo.
El problema empieza cuando con recursos limitados, como los que tiene el Estado, se comienza a expandir el gasto público para financiar una serie de programas sociales que son asumidos por el propio Estado, y obviamente por los beneficiarios, como “derechos sociales”, que a su vez son ilimitados.
Es aquí cuando la ecuación se comienza a desequilibrar, ya que el Estado requiere más recursos para financiar esos programas. Y la principal forma de financiarlos son vía crecimiento económico, mediante impuestos o a través de deuda pública.
De esas tres alternativas, el crecimiento es la manera más viable y sostenible de hacerlo, ya que se logra a partir de lo que produce el mismo país y sus habitantes, que a su vez se traduce en una mayor recaudación para el Fisco.
Pero como Chile lleva un largo período creciendo modestamente y, por lo tanto, el Estado recibe menos recursos, la alternativa por la que se ha optado en los últimos años es impulsar reformas tributarias que aumenten los gravámenes y así incrementar la recaudación, como ocurrió ahora con la denominada PGU, que para financiarse, se determinó cobrar IVA a una serie de actividades que por su naturaleza estaban exentas y que involucran mayoritariamente a pymes y profesionales de clase media.
Y así la rueda comienza a girar al revés: entre más tributos se cobran, disminuye la inversión, se frena la economía, hay menos recaudación, se fomenta la informalidad, se expanden los programas sociales y se requieren nuevos recursos y más impuestos para financiarlos. En este caso, se trata de un impuesto discriminatorio, porque se aplica según el tipo de organización societaria, y es ineficiente, porque no recaudará lo proyectado.
Si el Estado quiere financiar sus programas sociales, que lo haga impulsando la economía y la inversión, aumentando la recaudación, y no siga esquilmando a una clase media y pymes que bastante mal lo vienen pasando desde el estallido.
Por Carlos Huete, presidente de Asociación de Eventos de Chile
