Durante las próximas semanas el Gobierno presentará su política nacional de explotación del litio, la que incluye la creación de la Empresa Nacional del Litio en 2023. Pero la gran pregunta que muchos nos hacemos es: ¿qué medidas se van a tomar para no seguir perdiendo participación en el mercado global en una industria que es esencial para la transición energética – electromovilidad – y la descarbonización?
Chile es el país con los mayores depósitos de litio del planeta. Contamos con uno de los yacimientos más grandes de “oro blanco”, el Salar de Atacama, donde se encuentra cerca de la mitad de las reservas naturales de este mineral.
Durante años fuimos el mayor productor del planeta, hoy Australia lleva la delantera (con cerca del 50% de la producción mundial) y podría pasar lo mismo con China y Argentina, si no tomamos cartas en el asunto.
Hemos ido perdiendo terreno, porque no hemos sido capaces de generar una política de Estado que impulse adecuadamente el desarrollo de esta industria en el país.
Actualmente las reservas de litio pertenecen al Estado de Chile y son explotadas por la Sociedad Química Minera (SQM) y la empresa estadounidense Albemarle. Ambas compañías generan ingresos millonarios al fisco por concepto de contratos de explotación del mineral. Se calcula que el aporte a la recaudación fiscal durante el 2022 será del orden del 1,3% del PIB.
¿Pero por qué la industria chilena del litio no se abre a nuevos actores? ¿Qué rol deben jugar los privados?, son algunas de las grandes interrogantes.
El énfasis no debe estar en una empresa nacional del litio, sino que en el desarrollo de la industria en torno a esta mineral, donde el Estado debe tener un rol preponderante, promoviendo y facilitando esta industria, pero no capturándola. Debe asegurar una adecuada participación de privados en la explotación y en igualdad de condiciones, para así fomentar la competencia.
Respecto de los permisos y autorizaciones para el inicio de la explotación del mineral, se debe contar con un procedimiento claro y expedito, este es un punto crítico en donde podemos perder competitividad respecto de otros países.
Se deben incluir políticas que vayan en beneficio de toda la cadena de valor del litio, con expectativas razonables, estableciendo beneficios tributarios para las empresas que agreguen valor a su extracción.
Es inevitable asociar la explotación de litio con la exigencia de un royalty, sí, pero este debe ser razonable en atención a los enormes requerimientos de inversión asociados a esta industria. En esta misma línea deben contemplarse además, beneficios para quienes realicen tales inversiones cuya rentabilidad es a largo plazo.
Urge tener una mirada de fomento de la industria, sobre todo en regiones, mediante incentivos tributarios como exenciones de aranceles a importación de maquinaria, regímenes especiales de depreciación e incluso exenciones o rebajas temporales de impuestos.
Necesitamos políticas claras de cara a todos los actores de esta industria y las comunidades con el fin de permitir su desarrollo sustentable y competitivo. La demanda por el litio es ahora, no en 10 años más, por ello los países que antes partan desarrollando correctamente esta industria serán los que podrán captar la mayor parte de su valor.
Pero la gran pregunta que muchos nos hacemos es: ¿qué medidas se van a tomar para no seguir perdiendo participación en el mercado global?, en una industria que es esencial para la transición energética –electromovilidad– y la descarbonización.
Por Luciano Cruz Morandé, abogado-socio, Arteaga & Gorziglia
