Ya ha transcurrido prácticamente un mes desde el inicio del período estival. Para muchos, las filas de apoderados buscando matrícula a inicios de este mes ya dejó de ser noticia. No obstante, ¿por qué los tutores de niños, niñas y adolescentes se sacrifican para eventualmente matricular a sus pupilos en un colegio de su preferencia?
El Sistema de Admisión Escolar (SAE) fue instaurado en 2015 como resultado de la Ley de Inclusión Escolar N°20.845. La ley regula la admisión de estudiantes, elimina el cofinanciamiento y prohíbe el lucro en las instituciones educativas subvencionadas por el Estado. Estas transformaciones se implementaron en su oportunidad en el contexto de un sistema educativo tremendamente fragmentado en términos socioeconómicos.
El SAE se comenzó a aplicar en el sistema escolar público y subvencionado de nuestro país, paulatinamente a partir del año 2019. Este se basa en un algoritmo (conocido también por sus detractores como “tómbola”, aunque en estricto rigor no lo sea) que busca cumplir una de las premisas de la Ley de Inclusión: la no discriminación e inclusión, poniendo fin a cualquier tipo de selección, como por ejemplo rendimiento académico, entrevista a apoderados, religión, entre otros factores.
En efecto, los elementos que el algoritmo toma en consideración son si el postulante tiene hermanos ya matriculados en el colegio, o si pertenece al 15% de estudiantes prioritarios, o sin son hijos de funcionarios o exalumnos que no hayan sido expulsados.
Los expertos coinciden en que el SAE democratiza el proceso de ser aceptado en un establecimiento educacional, distribuyendo las vacantes existentes al buscar la mejor combinación posible para todos los estudiantes que postulan estableciendo sus preferencias.
Entonces, ¿por qué el descontento de algunos? Pareciera ser que la principal razón reside en que el algoritmo dejó a sus hijos en establecimientos educaciones lejanos a sus hogares o que fueron aceptados en colegios que no habían seleccionado como de su preferencia. Así, los apoderados han realizado durante los últimos años filas para optar en el denominado “período de regularización” a las vacantes restantes de los colegios que no han sido utilizadas.
Al año 2023, las autoridades cifraron en un 90% aproximadamente la tasa de éxito de asignación a establecimientos educacionales, por lo que al menos este año un 10% de apoderados se vio expuesto a los vaivenes de una menor “oferta” de vacantes versus la “demanda” efectiva por un cupo.
El Sistema de Admisión Escolar, sin duda, es un sistema complejo que requiere de ajustes relacionados con el proceso de digitalización de las listas de espera para el 2024. Pero más importante que esto, se debe también fortalecer y aumentar la cobertura de matrículas en educación tanto pública como subvencionada, con fuerte énfasis en la calidad educativa, así como también optimizar la difusión y transparencia de los mecanismos de selección del algoritmo.
Asimismo, es necesario trabajar en la infraestructura existente, los recursos asignados y las políticas públicas que mejoren la formación inicial docente y las condiciones laborales del profesorado de nuestro país.
En conclusión, a pesar de las buenas intenciones del algoritmo, aún queda una situación que se debe abordar como política pública: aquella relacionada a que la oferta de colegios a seleccionar que se presenta a los apoderados les resulte apropiada, satisfaciendo las expectativas de calidad educacional a la que queda apoderado aspira para sus hijos e hijas. Es de esperar que el próximo verano, las largas filas solo sean un recuerdo.
