El paradigma de mercado, que caracteriza nuestro sistema de Educación Superior, ha generado entre otros efectos perjudiciales para nuestra sociedad, una larga confusión respecto de lo que diferencia a una universidad pública de una privada. Parece increíble por tratarse de un dilema resuelto en cualquier otro ámbito de la sociedad. Pero quienes representan a las instituciones del G9 han planteado con insistencia que sus universidades generan un bien público, y por lo tanto, son públicas.
Más allá de profundizar en la pertinencia de que una institución privada ocupe la etiqueta de lo público, por lo demás tan desvencijada a lo largo de los últimos 40 años, me gustaría ilustrar cómo la educación de mercado obliga a las universidades estatales a competir como un actor más de cualquier industria. Creo que un buen ejemplo es el caso de TVN.
El canal público es una empresa autónoma del Estado, pero no recibe fondos públicos y está obligado a autofinanciarse en el contexto de una industria muy competitiva. En ese contexto, no es extraño que habitualmente sean criticadas sus decisiones programáticas por eventualmente contravenir su rol de televisión pública.
Las universidades estatales sí reciben fondos públicos. En 2021 los 18 planteles del Estado recibieron un total de $150.562 millones a través del Aporte Fiscal Directo (AFD), mientras que 9 universidades privadas del Cruch recibieron $101.595 millones. En 2019, el financiamiento público a las instituciones del Estado vía aportes basales y fondos concursables, representó solo un 26% del financiamiento total para los planteles del Estado. Es un dato de la causa además que los aportes basales se han reducido en forma progresiva en las leyes anuales de presupuesto.
Todos estos recursos se ejecutan bajo la normativa del Estado en relación a cualquier otro servicio público. Es decir, están sujetos a la tramitación y fiscalización de la Contraloría. En la práctica, estas obligaciones implican que las universidades no puedan competir en el mercado impuesto hace cuatro décadas, principalmente, porque los tiempos entre un trámite y otro, las dejan fuera del sistema.
Por eso, la legislación permite que las instituciones puedan formar entidades de derecho privado que se rigen por el Código Civil y Código de Comercio entre otras normativas, donde obtienen sus propios recursos y de esa manera puedan rescatar proyectos para luego ejecutarlos. Por ejemplo, para obtener recursos del Sence o recibir financiamiento de una empresa privada que compra los servicios especializados de una universidad.
Sin embargo, vuelve la paradoja, cuando ese recurso privado, por estar ligado a una institución pública, es llamada a regirse por los estatutos – y paso lento- de la segunda. Entonces, una universidad estatal no tendría cómo hacer un seminario ante un tema de contingencia, siguiendo con los ejemplos. Aun así tengan las y los académicos, recursos e infraestructura. La burocracia estatal que junta hojas de libros de reclamos, aplica de la misma forma a las universidades de excelencia del Estado.
Las instituciones estatales de educación superior han tenido que lidiar históricamente con estas barreras de gestión, que complican su acceso a recursos frescos. No es casualidad que desde el Consorcio de Universidades Estatales sea una petición recurrente a las autoridades que se entregue un tratamiento distintivo, más flexible a las universidades estatales, que les permita desenvolverse en una cancha más pareja, teniendo en cuenta cómo funciona el mercado actual de la Educación Superior.
Pero tan importante como lo anterior, es que el derecho a la educación, que ya está en el borrador de la nueva Constitución, sea una garantía efectiva. Para eso, el Estado debe tomar medidas concretas para que el financiamiento público de las universidades estatales aumente significativamente y no las obligue a salir en busca de recursos para autofinanciarse, que el mismo Estado crea y luego objeta.
Igual que TVN, las universidades del Estado están al servicio de todos los chilenos y chilenas. Y si a la primera se le facilitan recursos para competir en rating y subsistir en el mercado de los medios de comunicación, a las mejores universidades del país se les deben entregar recursos no sólo monetarios, sino en cuanto a tiempo y factibilidad para poder llegar a tiempo con los requerimientos de estudiantes y académicos. De otra manera, la grúa al sector privado será inevitable, y nadie podrá decir “es que no lo vimos venir”.
