En mi experiencia como psicólogo clínico he escuchado esta frase muchas veces: “No quiero sacar licencia porque no sé si me la van a pagar”, algo que también se repite en mi círculo cercano.
Los trastornos mentales son problemáticas en donde el ambiente es un factor determinante, y cuando hablamos de un trastorno grave, que tiene necesidad de descanso, es cuando vemos la necesidad de una licencia.
Sin embargo, las licencias no están cumpliendo su rol de aliviar la problemática en salud mental, se convierten en una nueva amenaza. El COMPIN rechaza aproximadamente el 16% de las licencias médicas (he de creer que en salud mental son más, o al menos realizan pagos parciales); o bien, las ISAPRES las refutan, o pagan menos de lo requerido.
¿Qué sentido tiene dar licencia para un caso de ansiedad o depresión grave, si la misma licencia se convierte en una amenaza ansiosa? ¿Cómo es posible que el COMPIN castigue a un paciente, si es que falta algún antecedente, si eso ha de ser responsabilidad del profesional? ¿o cómo puede ser que las ISAPRES actúen como juez y parte, que decidan si pagan o no?
A esto hay que sumarle otro problema más. El alto costo de un tratamiento psiquiátrico, ya que nos regimos en un sistema de mercado, a menor cantidad de psiquiatras (oferta) y una crisis pandémica y económica (demanda), los costos de atención psiquiátrica se han elevado y son escasos los profesionales disponibles. Son menos de 60 psiquiatras en el país los que estarían atendiendo por Fonasa.
¿Qué podemos hacer frente esta problemática social?
Existen muchos colegas (me incluyo) que nos sentimos capacitados para reconocer un problema de salud mental, el Estado podría capacitar a psicólogos y psicólogas con el fin de entregar licencias y también de supervisar que estas licencias sean adecuadas. En el COMPIN refieren que no dan abastos por la falta de psiquiatras.
Bueno, nosotros, los profesionales psicólogos, tenemos la capacidad de detectar problemáticas de salud mental, por lo que podríamos dedicarnos a entregar licencias, y también a supervisar que estas sean válidas (desde un sistema de supervisión autónomo como lo es el COMPIN).
No podemos seguir culpando a la falta de especialistas. No hay que confundirse, no queremos reemplazar la labor de un psiquiatra, queremos aportar desde nuestros conocimientos como cualquier otro profesional. Creo que es momento de dar un paso más allá contra la hegemonía del modelo biomédico, y empezar a validar en conocimiento híbrido de un profesional psicólogo, que bebe de las ciencias sociales y de las ciencias de la salud.
Más allá de los cálculos monetarios, tenemos que priorizar la salud mental. Prevenir y reparar, porque si seguimos dejando la salud mental para el último lugar, esta deuda nos va a seguir explotando en la cara, y nos costará tanto en calidad de vida como en la economía de nuestro país.
Camilo Aguilera Bastías, psicólogo clínico y profesor de cátedra “Teorías Humanistas” Universidad Santo Tomás.
