Si bien es prematuro sacar conclusiones categóricas sobre los aprendizajes que nos ha dejado y nos seguirá dejando la pandemia en materia de Educación, es evidente que esta coyuntura ha abierto espacios a una serie de innovaciones cuyos efectos pueden incidir positivamente en la formación de miles de jóvenes. Sin perjuicio de lo anterior, estas oportunidades se ven obstaculizadas por un marco de políticas públicas que van atrasadas respecto de la realidad, y que necesitan del empuje del Estado para su consolidación definitiva.
Actualmente, la legislación restringe la innovación y no estimula a “pensar fuera de la caja”. Por ejemplo, la gratuidad exige una duración rígida de las carreras, impidiendo la flexibilidad y con ello que quienes estudian y trabajan, puedan conciliar ambas responsabilidades. La obligatoriedad de la presencialidad física inhibe la incorporación de la digitalización al proceso formativo; y la fijación de aranceles no estimula la incorporación de tecnología de primer nivel.
Por otro lado, en los programas de los candidatos presidenciales, tampoco vemos ideas que vayan un poco más allá de lo ya conocido. Por mencionar a algunos de ellos, Sebastián Sichel, por ejemplo, plantea la necesidad de mantener el rumbo de las políticas con énfasis en articulación y calidad; Gabriel Boric, en tanto, quiere profundizar en la necesidad de una institucionalidad fuerte, coordinada y con participación de diversos actores. Por su parte, José Antonio Kast llama a velar por la libertad de elección de los estudiantes. Y Yasna Provoste aboga por una articulación entre distintos espacios de la Educación TP. Si bien las propuestas son correctas si el propósito es proyectar la evolución natural que ha tenido el sector en los últimos años, resultan insuficientes para generar un impulso que permita adaptarse a los nuevos tiempos, acelerados por los cambios tecnológicos y sociales que la pandemia ha consolidado.
Estos ejemplos y los impactos que genera son asimétricos con lo aprendido en este último tiempo, en que se ha hecho evidente que la innovación y desarrollo tecnológico, la flexibilización de la estructura curricular y la actualización disciplinaria de los docentes, son los motores para generar cambios cualitativos en la formación técnico – profesional en nuestro país.
¿Es imaginable que en un curso de carpintería, el alumno pueda aprender a utilizar un formón, o bien que, en gastronomía, se enseñen los conceptos centrales del servicio de comedores, todo esto de manera deslocalizada y asíncrona? Si bien los talleres prácticos son la esencia de la enseñanza técnica, hemos aprendido que las competencias o habilidades prácticas puedan ser complementadas de esta forma, incorporando simuladores, plataformas de aprendizaje activo y metodologías que permiten la evaluación y retroalimentación a los estudiantes de forma atemporal, remota y personalizada.
Estos avances deben ir de la mano con el tránsito hacia una estructura curricular que admita la flexibilización y la microcertificación. La modalidad tradicional ha quedado atrás. La demanda del mercado camina mucho más rápido que los cambios curriculares, por lo que el progreso del alumno debe ser compatible con sus necesidades personales y con el aumento de oportunidades para su formación integral. Para ello, se requiere que los docentes comprendan y profundicen su actualización disciplinaria, tanto para enseñar en ambientes virtuales y remotos, como para desarrollar habilidades que les permitan fortalecer el bienestar socio-emocional de sus estudiantes.
Todos los aprendizajes que nuestras instituciones quieran implementar requieren de política pública que lo posibiliten, orientadas a la flexibilidad y la incorporación de tecnología, en un esfuerzo conjunto entre Estado e instituciones de educación superior, contribuyendo así a dar un salto de calidad en el ámbito de la formación técnico profesional.
