Todos conocemos el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), instrumento que durante el año pasado adoptaron una serie de países para mitigar los efectos de la Pandemia. Este programa de transferencias directas desde el Estado a las familias, se da en una economía estancada, con fuerte desempleo y pérdidas de ingresos familiares. En los últimos meses, se amplió la cobertura (IFE Universal) y también el plazo del mismo hasta fin de año.

De esta manera el Estado de Chile cumple con su rol subsidiario, logrando con estas transferencias monetarias tres objetivos fundamentales: cobertura, duración y suficiencia para cubrir las necesidades de la población. En cada uno de estos aspectos Chile destaca muy por sobre todos los países de la región.

Si bien $177.000 por persona no cubre los gastos mensuales (ni $500.000 para una familia de 4), es un monto que al comenzar a recibirse genera un desafío para el Estado, ya que en algún momento debe ser retirado y las personas deben nuevamente integrarse a la fuerza laboral, cosa que no está ocurriendo, a pesar del fuerte rebote del crecimiento económico y la mayor demanda existente de mano de obra.

Aunque necesario en un inicio, observamos como la presión social y el populismo han deteriorado las bases de nuestra economía, pareciendo surrealista la discusión de un cuarto retiro y un Gobierno cediendo ante tales presiones. Con la premura que implica establecer políticas públicas para evitar estos retiros, se ha pasado desde un IFE focalizado, que en un inicio iba a familias de bajos ingresos, a un IFE universal, alcanzando hoy a casi un 96% de la población.

La actividad económica se está reactivando con potencia y también la demanda de mano de obra, pero se da la paradoja de que es más fácil recibir sin trabajar. La gente se acostumbró a recibir ayuda fácil, disminuyendo los incentivos para buscar trabajo.

Chile es uno de los países que durante este año ha realizado las mayores transferencias sociales, con una cobertura sin precedente y con una muy baja focalización. Hay que tener presente, que durante junio más de 14 millones de chilenos recibía este beneficio, sin considerar que 3,8 millones de ellos ya habían retirado el total de sus ahorros previsionales (3 retiros de las AFP). Al poco andar, el impacto será brutal en nuestra economía y en los bolsillos de los chilenos, ya que la irresponsabilidad política (de todos los sectores) tras la búsqueda de votos ha colocado en peligro nuestra estabilidad económica como también al futuro de los chilenos.

En los próximos días entraremos nuevamente al juego de la extorsión, entre el mundo político y Ejecutivo. Los primeros votando por un cuarto retiro y los últimos tratando de que este no se dé, dada la extensión del IFE. Estas últimas dos medidas no presentan ninguna racionalidad más que la irracionalidad general que hemos comenzado a vivir. Pareciera que nadie quisiera escuchar que más de 5 millones de chilenos quedarán sin previsión social, y con un futuro incierto.

La frívola y sin precedente cantidad de dinero inyectada a la economía -en el último tiempo- ha mostrado tal imprudencia, que pareciera que a nadie le importara el uso proporcionado de nuestros recursos fiscales. A marzo del 2020, nuestros ahorros en los Fondos de Estabilización Económico y Social (FEES) eran de US$ 12.500 millones, siendo a junio del presente, tan sólo de US$ 3.900 millones. Para colocarlo en perspectiva, los recursos comprometidos con el IFE hasta fin de año, implican al menos US$ 12.000 millones adicionales, es decir nos quedaremos sin FEES (ahorros), más endeudados y con una menor red de previsión social, dejando a un Chile más frágil y vulnerable.

Los excesos vividos, acentuarán la pobreza y las clases más desposeídas enfrentarán el mayor costo inflacionario. Esta fiesta del consumo, tendrá que pagarse por años, con mayores impuestos y con menos empresas dispuestas a emprender y generar nuevos empleos. La economía tendrá mayores costos de financiamiento, producto del mayor riesgo país, resultado de una débil posición fiscal y un circo político que alimenta la incertidumbre.

El peor favor que la clase política le hizo a este país fue comenzar a gobernar por el aplausómetro, alejándose de la responsabilidad que por años nos caracterizó.

Estamos en un momento histórico en donde la estabilidad política y social ha colocado en jaque al sistema económico construido por años. No hay espacios para mayorías radicales, hay que buscar consensos que garanticen al país estabilidad política y social.