Señor director,

Luego de más una década de trabajo de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), y habiendo transcurrido 4 administraciones distintas, nos es imposible no comentar la columna de don Patricio Herman publicada el día 18 de mayo pasado, titulada “la Superintendencia del Medio ambiente es una calamidad”.

En primer lugar, compartimos con el autor una visión; la institucionalidad ambiental tiene muchas tareas y desafíos pendientes, en especial la SMA, que tiene a su cargo la fiscalización, sanción y promoción del cumplimiento de la normativa ambiental. Es necesario seguir optimizando la capacidad de respuesta a la ciudadanía, y ser cada vez más efectivos en la solución de los problemas ambientales. Eso es innegable.

Sin embargo, la SMA siempre ha chocado con un importante muro que tiene un contenido claro; falta de personas y de recursos. De la SMA se espera todo, pero se le entrega poco o, para ciertas tareas, incluso nada. Es difícil contar con poco más de 200 funcionarios, para fiscalizar y hacer estrategias sancionatorias para los más de 16.000 instrumentos de carácter ambiental que están bajo nuestra competencia, cumpliendo con exigencias cada vez mayores que se imponen por nuestros controladores externos, atendiendo -además- las miles de denuncias que entran año a año a nuestro Servicio, y que se han transformado en una prioridad.

Lo anterior, es una cuestión que todos los conocedores del sistema saben y -nos atrevemos a decir- comparten. Pero lo que es a todas luces un problema de presupuesto, ha sido presentado por el autor de la columna como un problema funcionario. Acusa que en la SMA reina un “absoluto descontrol” y “desidia de sus funcionarios”, dando a entender que incluso existirían problemas de probidad o integridad que estarían afectando nuestra capacidad de respuesta.

Sobre esto último manifestamos nuestro total rechazo, y no nos queda más que defender -con todas las fuerzas que la situación amerita- a las personas que son y han sido parte de esta institución durante todos estos años.
Si hay algo presente dentro de la SMA es el compromiso y trabajo de sus funcionarias y funcionarios que día a día deben hacer (sobre) esfuerzos para poder cumplir con nuestro rol. Sería interesante que el señor Patricio Herman conociera cómo son las jornadas diarias, semanas y fines de semana del funcionariado de la SMA. No existen los días tranquilos. No existen los días de trabajo a media máquina. No existen los días sin recibir cientos de problemas y demandas ciudadanas que atender.

A la falta de presupuesto se suma además que los procedimientos de la SMA son: (i) complejos, porque se conjugan todo tipo de intereses que se deben conciliar; (ii) lleno de exigencias legales que han sido cada vez más controladas por nuestros tribunales de justicia en cumplimiento de su rol; y, (iii) masivos y diversos, dado que se tiene que atender desde problemas de ruidos molestos vecinales, hasta emergencias y problemas ambientales mayores donde intervienen titulares que corresponden a grandes empresas.

El autor de la columna da a entender -además- que la SMA no estaría llegando a “grandes proyectos”. Lo anterior no es efectivo. Basta con revisar nuestros expedientes públicos que reflejan el trabajo de cada funcionaria y funcionario, y través del cual hemos dado importantes señales a sectores productivos como el acuícola, minero, energético, inmobiliario, agroindustrias, rellenos y vertederos, entre otros, llegando incluso contra empresas del Estado y otras entidades públicas. En el último periodo nos hemos encargado no solo tener algunos casos “grandes”, sino enfrentar todos los que se pueden, partiendo por los más graves, sin importar quién es el infractor, gestionando paralelamente el importante pasivo que existía de informes de fiscalización sin procesar.

Respecto de los proyectos inmobiliarios en Áreas de Preservación Ecológica en Colina y Lo Barnechea, el autor indica que la SMA se “he negado a ejercer sus atribuciones”. Olvida que fue esta institución la que puso este tema en la palestra. Fue la SMA la que solicitó las aclaraciones que eran necesarias a la Contraloría General de la República (CGR), siendo la primera en adoptar una postura preventiva frente a dicha situación. No es efectivo que eso haya sido un tema zanjado. Solo quedó totalmente claro con el dictamen N°E39766/2020 emitido a solicitud de este servicio. Hoy existen definiciones pendientes de resolver con otros órganos de la administración para -justamente- cumplir con lo indicado por la CGR.

Es cierto que existen muchas cuestiones pendientes, pero hemos avanzado con el trabajo y (sobre) esfuerzo de cada funcionaria y funcionario de nuestra Superintendencia, que ha permitido aumentar en forma considerable nuestros actos, dictando cada vez más medidas cautelares, cerrando procedimientos abiertos y aumentando de forma sostenida las formulaciones de cargos. Asimismo, existen estrategias territoriales de fiscalización que justamente están confeccionadas sobre la base de un enfoque ciudadano, y aplicación de nuevas tecnologías para automatizar casos masivos.

Recogemos la visión crítica de fondo del autor de la columna, la cual no esquivamos y, en cierto sentido, compartimos. La SMA debe potenciar su capacidad de respuesta, pero para eso es necesario presupuesto y más atribuciones legales que simplifiquen nuestro actuar. Los recursos siempre faltan, pero el trabajo y compromiso de las/os funcionarias/os sobra.

Directiva Asociación de Funcionarias y Funcionarios de la Superintendencia del Medio Ambiente (ASUMA)