Hace unos días desalojamos a 194 familias y demolimos un tercio de las viviendas de la llamada toma “Dignidad”. Ahora nos preparamos, mediante un nuevo decreto, a terminar con esta usurpación de un terreno municipal que se encuentra en una zona de riesgo aluvional.

La Florida no olvida lo que pasó en 1993: la tragedia ocurrió en ese mismo sector donde hace 6 años llegaron familias, aprovechando ese vacío de autoridad que creó el estallido social.

Este operativo, en que participaron 450 funcionarios municipales y más de 300 Carabineros, es una muestra de lo complejo que se vuelven los problemas cuando los dejamos crecer y lo potente que puede llegar a ser el Estado cuando actúa como un cuerpo, con una misma convicción y con todas sus capacidades, en el ejercicio de hacer cumplir la ley.

Una toma es un acto ilegal y violento, que hoy además encubre muchas otras ilegalidades: extranjeros en situación irregular, microtráfico, receptación, porte y uso ilegal de armas. Estos delitos fueron acreditados en varios operativos policiales durante el mes de septiembre de este año en ese lugar.

En la etapa dos, vamos a trabajar con la misma metodología con nuestros equipos municipales, junto a la Delegación Presidencial, al Serviu, Carabineros y Bomberos. Recordemos que el único intento de resistencia fue un incendio intencional que podría haber significado la pérdida de vidas humanas y que fue rápidamente sofocado porque fue una posibilidad prevista.

Habilitamos, conforme a nuestros propios protocolos, un albergue municipal preparado para recibir hasta 100 personas, con camas, abrigo, comida, kits de limpieza, zonas de contención emocional y atención médica. No llegó nadie. ¿Esto nos sorprende? No, porque ya lo vimos en la evacuación de la toma el 2021 y en el incendio de noviembre del 2024.

Por último, en esta segunda fase vamos a reforzar nuestros servicios veterinarios y la alianza con grupos de protección animal, porque buena parte de las personas desalojadas, en un acto de profunda crueldad, simplemente abandonaron a sus mascotas.

Tenemos la intención de terminar con esta toma a más tardar en marzo del 2026. Lo ideal es que las personas que aún quedan, colaboren y se preparen para partir. Nuestra visión es ocupar toda esa franja para culminar un viejo anhelo: ampliar el parque Quebrada a la ribera norte y consolidar ahí un gran espacio verde de encuentro y memoria por las 26 víctimas de aluvión de 1993.

Completar esta tarea es mucho más que la recuperación de un terreno municipal. Se trata de recuperar la tranquilidad de los miles de vecinos que viven en ese sector, el respeto y el sentido de justicia al esfuerzo de los 106 comités de vivienda de La Florida que luchan legalmente por su casa propia y sobre todo recuperar el respeto y la dignidad del instrumento más importante de la convivencia civilizada entre los seres humanos: la ley.

Recordemos que la primera obligación de todas las autoridades es hacer cumplir la Constitución y las leyes. Termino con una frase de San Agustín: “Lo correcto es correcto, aunque nadie lo haga, lo incorrecto es incorrecto incluso si todos lo hacen.”