La reunión del presidente Boric con el papa León XIV no es un gesto menor. En la política, los símbolos importan, y sentarse frente al líder de la Iglesia Católica supone una declaración de principios. Por eso, resulta tan difícil de entender que el mismo Gobierno que busca reconocimiento moral en el Vaticano sea el que impulsa una agenda legislativa que relativiza el valor de la vida humana.
No se puede hablar de derechos humanos en Roma y, al mismo tiempo, abrir en Chile el debate sobre la eutanasia y el aborto libre. Esa incoherencia política y ética revela un problema mucho más profundo, un Estado que ha dejado de priorizar el cuidado y que confunde libertad con abandono.
Hoy en Chile hay más de 390 mil cirugías pendientes y 2,6 millones de personas esperando atención con especialista en el sistema público. Esto según cifras del propio Ministerio de Salud, entonces antes de legislar sobre el “derecho a morir”, deberíamos garantizar el derecho a ser atendidos. No hay libertad posible cuando el Estado no asegura condiciones dignas para vivir.
Y es ahí donde se revela la verdadera contradicción. Por un lado el presidente busca proyectar humanidad y sensibilidad en el Vaticano, y por otro, su Gobierno empuja en Chile una agenda que desprotege la vida y reemplaza el deber de cuidar por la promesa de decidir. Esto va más allá de un debate moral, es una inconsistencia política profunda. Porque no hay justicia social posible si el Estado se desentiende de los más frágiles.
La coherencia no se mide en discursos, sino en prioridades. En lugar de fortalecer los cuidados paliativos, la rehabilitación o la salud mental, el Gobierno ha preferido abrir discusiones ideológicas que dividen al país y dejan sin respuesta a quienes esperan atención, tratamiento o acompañamiento. Y en eso también se juega la fe pública, la confianza en que quienes gobiernan son capaces de proteger la vida antes de legislar sobre la muerte.
El presidente puede volver del Vaticano con la foto que buscaba, pero la verdadera prueba moral la tiene en Chile. Gobernar no es elegir quién vive y quién muere, sino asegurar que cada persona pueda vivir con dignidad, desde el inicio hasta el final. Y esa coherencia, la que une la palabra con la acción, sigue siendo la gran deuda de este Gobierno.