La entrada en vigencia de la ley de Permisos Sectoriales, que busca disminuir la burocracia sectorial –ahora resignificada como “permisiología”– marca un avance largamente esperado por todos quienes buscan invertir en Chile. De esta forma, el Estado finalmente reconoce que la maraña de permisos que se exigen para ejecutar proyectos son una traba sistemática que nos hace perder competitividad y eficiencia.
Menos burocracia
En concreto, esta ley busca evitar que los proyectos queden indefinidamente “entrampados” en la burocracia. Desde ahora, se podrán realizar trámites en paralelo, se ampliará la ventanilla única y se dispondrán plazos máximos exigibles (silencio administrativo), además de otras iniciativas a favor del solicitante. En un país que necesita con urgencia atraer la inversión extranjera y ser un destino confiable en un mundo altamente competitivo, estas modernizaciones importan. Y mucho.
Según cifras de la SOFOFA, en los últimos quince años el tiempo promedio de tramitación de proyectos con Estudio de Impacto Ambiental aumentó en un 231%, pasando de 355 a 1.135 días. Por su parte, la consultora inmobiliaria Colliers calcula que la demora en la aprobación de permisos de edificación impacta directamente en el valor de las viviendas, subiendo su costo entre un 9,5% y un 12,2% entre 2022 y 2025.
Esto demuestra que para sectores claves de nuestra economía, donde los proyectos implican inversiones de largo plazo y alto impacto, la publicación de la Ley 21.770 representa un paso relevante hacia la certeza jurídica y la eficiencia regulatoria.
Ley de permisos sectoriales: un paso necesario pero insuficiente
Sin embargo, la reforma presentada por el gobierno es incompleta. El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental —epicentro de demoras y judicialización— queda fuera de la nueva normativa y su actualización seguirá pendiente. Sin contar además las urgentes modificaciones en lo referente al Consejo de Monumentos, a las Direcciones de Obras Municipales y a los permisos sanitarios, por mencionar algunos.
Mientras eso no ocurra, la promesa de acortar tiempos entre 30% y 70% dependerá de cuántos cuellos de botella se produzcan en esa etapa del proceso.
Chile necesita esta urgente actualización para reactivar la inversión, fomentar el empleo y acelerar proyectos. La incertidumbre no protege el medio ambiente ni a los pueblos originarios: lo hacen las reglas claras, el cumplimiento estricto de la normativa y la participación temprana de todas las partes involucradas. Tenemos que hacer un cambio profundo y pasar de un Estado obstáculo, a uno facilitador.