Esta deuda que no se paga con discursos ni con simpatías, sino con voluntad política para reconocer que los derechos sexuales y reproductivos son, sin lugar a dudas, derechos humanos.

No basta con invocar catálogos universales para garantizar la autonomía de las mujeres. Las leyes —y las prácticas sociales que las acompañan— han estado históricamente teñidas de una mirada patriarcal que restringe nuestra capacidad de elegir.

Y aunque hemos conquistado avances significativos, cada paso ha sido resistido como si la libertad femenina fuera una amenaza y no una expresión de justicia.

En el marco de la campaña presidencial vemos poco interés en dar este debate en la mayoría de las candidaturas, por eso es muy relevante que Jeannette Jara haya afirmado que, si el proyecto de aborto con plazos no se aprueba en este período legislativo, su gobierno continuará la tramitación. Esa convicción no es un matiz programático, es una declaración de principios: la de entender que los derechos sexuales y reproductivos forman parte inseparable de la justicia social y de la democracia que Chile necesita consolidar.

Aborto legal como medida de salud pública

La interrupción voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas no es un privilegio ni un acto ideológico: es una medida de salud pública y de equidad. Negarla perpetúa la desigualdad entre quienes pueden acceder a un aborto seguro y quienes arriesgan su vida en la clandestinidad. Es también desconocer que la maternidad debe ser una elección libre, informada y acompañada, no una condena impuesta por la ley o por el miedo.

El acceso efectivo a la salud sexual y reproductiva implica mucho más que servicios disponibles: exige educación integral, información veraz y garantías institucionales. El Estado tiene la obligación de asegurar que ninguna mujer vea obstaculizado su derecho a decidir por falta de recursos, objeciones de conciencia o discriminación.

Chile ha avanzado: hoy reconocemos la violencia gineco-obstétrica, el derecho al acompañamiento en el parto y la interrupción del embarazo en tres causales. Pero aún falta dar el paso que transforme el aborto en un derecho pleno, libre de culpa y de barreras.

Si queremos un Chile que cumpla, se debe cumplir con nosotras: con nuestras vidas y con nuestras decisiones.