Desde hace más de dos décadas, la Defensoría Penal Pública ha levantado una misma bandera: la urgencia de contar con Autonomía Constitucional.

Lo hemos planteado en el Congreso, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en foros académicos, en medios de comunicación y hasta en organismos internacionales. Siempre, bajo distintos gobiernos y autoridades. La respuesta, sin grandes variaciones, ha sido más o menos la misma: no es necesario, no es el momento político, hay otras prioridades, lo veremos más adelante.

El resultado es claro: han pasado 25 años desde la creación de la Defensoría Penal Pública y el avance hacia la autonomía es nulo. Los más optimistas dirán que no es del todo así, porque existen proyectos antiguos en el Congreso que en algún momento podrían reactivarse. Pero hoy, incluso surge un nuevo argumento para seguir negándola: si han funcionado 25 años sin autonomía, ¿para qué la necesitan ahora?

¿Por qué, entonces, seguimos insistiendo?

La respuesta es casi natural: porque una Defensoría Penal Pública autónoma fortalece la democracia y el Estado de Derecho. Porque limita el poder del Estado en la persecución penal de cualquiera de nosotros. Porque no existe verdadera justicia si se alcanza sacrificando derechos, garantías y lo razonable.

De hecho, si no existen límites claros, podríamos aceptar que las policías ingresen a nuestros hogares sin autorización, que nuestras comunicaciones sean interceptadas en todo momento, que los teléfonos sean intervenidos sin orden judicial, que la privacidad deje de tener valor o que las confesiones se obtengan según la imaginación del interrogador de turno. Todo ello con un fin legítimo: la seguridad.

Los ejemplos son muchos y los márgenes a los que hemos renunciado, amplios. Y aunque cada día quedan menos límites por ceder, la necesidad de fortalecer las garantías sigue intacta.

La autonomía no es un simple anhelo institucional, sino una urgencia para nuestra convivencia democrática. Hoy, más de 60 mil personas cumplen condena o prisión preventiva, un récord histórico en tiempos de democracia. A ello se suma el aumento del riesgo de error judicial, producto de reformas legales que han restado facultades a jueces y juezas que deben resolver sobre la libertad de las personas, mientras la exigencia por seguridad crece sin importar el costo.

Fortalecer nuestra institucionalidad no es un discurso vacío ni un beneficio para unos pocos. Es proteger nuestras libertades, establecer límites al poder estatal, evitar errores que afectan vidas, reconocer deberes y generar mayor paz social.

La Defensoría, y quienes la integramos, seguiremos insistiendo. No por interés personal ni por mezquina porfía, sino por la convicción de que una Defensoría Penal Pública autónoma es indispensable para consolidar un Estado de Derecho robusto. Porque sin autonomía en la defensa, la democracia se debilita; y cuando la democracia se debilita, lo que está en riesgo no son los intereses de unos pocos, sino la libertad y derechos de todas las personas.