El pasado 3 de julio, en La Moneda, se entregaron las propuestas de modificación a la Encuesta Nacional de Caracterización Socioeconómica (CASEN) al presidente Gabriel Boric. Se trata de la herramienta clave para medir la pobreza en Chile y orientar de manera más fina y eficiente las políticas públicas.
El documento, de 130 páginas, incluyó el trabajo ad honorem de una decena de expertos y expertas convocados por el gobierno cada 10 años para este fin. Juan Cristóbal Romero, el director ejecutivo del Hogar de Cristo fue uno de los integrantes del comité en esa tarea seria e importante, que tomó 15 meses y que actualiza la medición a los cambios sociales recientes y sus consecuencias presentes: estallido social, pandemia, crisis habitacional, fenómeno migratorio, inseguridad y violencia callejeras.
Es una comisión asesora, no vinculante. Por lo tanto, no necesariamente todo lo propuesto será incorporado; aunque todos esperamos que sea así.
Los medios titularon con lo más noticioso: de acuerdo a los nuevos parámetros propuestos, la última medición, que nos ponía sobre Canadá y Estados Unidos en materia de reducción de la pobreza, pasaría de un alentador 6,5% a un 22.3%. Un número que, ciertamente, tiene mucho más sentido para quienes trabajamos a diario con “los pies en el barro”, como decía Alberto Hurtado.
La pobreza severa: los pobres entre los pobres
Nosotros en el Hogar de Cristo atendemos a un grupo pequeño, cerca de 38 mil personas en 2024, que tiene un nivel de carencias que se arrastra por décadas. A los déficits en salud, vivienda, empleo, educación, redes, se suman los de ingreso, y se agregan problemas de salud mental, consumo de drogas, discapacidad, abandono, analfabetismo. Es una pobreza extrema o crónica, como debatió llamarla la Comisión.
Al final, se optó por el concepto “pobreza severa”, que técnicamente se define como la intersección de los hogares que viven en pobreza por ingresos y, al mismo tiempo, en pobreza multidimensional.
A este grupo poblacional no se le ha dado la relevancia que merece, en circunstancias que debería ser atendido por la política pública de manera especial y preferencial. Los pobres entre los pobres debieran ser prioritarios no solo para el Hogar de Cristo y otras instituciones que trabajamos a diario para que las personas que viven en esta condición reciban servicios y superen la pobreza.
Deberían ser responsabilidad de todos: Estado, sector privado, academia, sociedad civil organizada, la ciudadanía completa. Lograr instalar esa idea y atender las necesidades de ese grupo a partir estas recomendaciones sería una gran satisfacción, un tremendo logro.
Cabios concretos y necesarios
La Comisión propone modificaciones obvias y necesarias en indicadores de la pobreza, tanto por ingresos como multidimensional.
Sin duda, es muy relevante que se incorporen dos propuestas que nos permiten ver de mejor forma el problema: una es la vulnerabilidad, que se define como la probabilidad de caer en pobreza. Ésta se midió en un tiempo, pero luego se discontinuó. Ahora se aconseja volver a incorporarla.
Y lo más relevante, a mi juicio, para llegar con más y mejores políticas sociales, es determinar el número de quienes viven en pobreza severa. Ambos extremos son necesarios de conocer y comprender. A eso nos invita la comisión asesora con esta propuesta de CASEN.
Una forma radical de exclusión
Amartya Sen, el premio Nobel de Economía indio, que acuñó el concepto, ha dicho: “La pobreza severa no es solo carencia de ingresos, sino una forma radical de exclusión”. Una vida en la que no puedes elegir qué comer porque no tienes qué; en la que no puedes cuidar tu salud, porque el consultorio no facilita la atención a las personas en situación de calle o porque la espera es de meses. Es no poder estudiar, no tener calefacción, no contar con un techo.
En Chile, esta pobreza es visible en la proliferación de rucos. Pero también vive puertas adentro. En las viviendas sin aislación, en los adultos mayores solos, en las madres que crían entre la droga, la violencia y la precariedad. Combatirla exige políticas públicas que apunten al desarrollo de capacidades: educación, salud, redes, acompañamiento, respeto.