Nueva casa del presidente | Agencia UNO

El Caval de Boric: el privilegio no pasa de moda

07 julio 2025 | 14:52

Pero aquí es Boric quien pone en riesgo a Boric.

La operación inmobiliaria del presidente Gabriel Boric —la compra de una casa de $450 millones con un crédito hipotecario de 90%, tasa preferencial de 3,47% y pie de apenas 10 %— podría parecer, a simple vista, una gestión financiera personal.

Sin embargo, cuando se examinan las condiciones estructurales del trato, los actores involucrados y las funciones institucionales en juego, el caso se acerca peligrosamente a una nueva versión del famoso caso Caval. No por ser idéntico, sino por su proximidad funcional y simbólica a aquella operación fallida que marcó el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Recordemos.

El privilegio no pasa de moda

En 2015, Natalia Compagnon, nuera de la presidenta Bachelet, accedió a un millonario crédito comercial para comprar terrenos agrícolas en Machalí, tras una reunión con ejecutivos del Banco de Chile donde participó Sebastián Dávalos, hijo de la mandataria.

El problema no fue solo el crédito, sino las condiciones inusuales: una empresa sin historia ni respaldo, un préstamo de $6.500 millones y un evidente aprovechamiento del parentesco con el poder.

La lucha contra los privilegios fue uno de los discursos principales de Boric. Fue un crítico feroz en el caso Caval cuando, ante el silencio de la presidente Bachelet, dijo que “el silencio contribuye a que el doble estándar se imponga”.

Su cuestionamiento a los privilegios fue siempre intenso: dijo por ejemplo que “siendo parte de la elite cuestiono los privilegios que me ha tocado tener… los que viven de Las Condes para arriba… no quieren ceder un centímetro de sus privilegios”.

También señaló una fuerte crítica a los bancos por el precio de sus créditos y las condiciones que han afectado los últimos años a las empresas chilenas. En ese discurso señaló el gran trabajo de BancoEstado.

Una oferta que nadie tiene

Pero Boric no fue a buscar la mejor tasa a Banco Estado. Fue a un banco privado. Y consiguió una tasa que no estaba en las ofertas de pizarra. Una oferta que nadie tiene. Un privilegio.

No fue algo indirecto, no fue una tasa para parientes, sino en primera persona. Y es así como ha accedido a un financiamiento con condiciones excepcionalmente favorables: tasa de interés al menos un punto por debajo del promedio del sistema (equivalente a una mejora del 20–25% en costo del crédito), y pie del 10 % en un escenario bancario donde el 20–25% es la norma.

Lo hace mientras ejerce el cargo más poderoso del país. Lo hace, además, cuando el mercado hipotecario chileno está fuertemente restringido y las tasas están al alza.

¿Es ilegal? Probablemente no.

¿Puede ser normativamente una falta o un delito? Bajo ciertas condiciones podría serlo.

¿Es éticamente problemático? Profundamente.

Personas políticamente expuestas

Los bancos tienen políticas estrictas para las llamadas Personas Políticamente Expuestas (PEP), que obligan a realizar controles reforzados y evitar cualquier trato privilegiado.

Y, sin embargo, el trato preferente se produjo, con el consentimiento del banco, con la firma del presidente, y con condiciones que la mayoría de los ciudadanos no podría obtener, aunque cumplieran con los criterios técnicos.

Boric podrá sostener que su perfil de ingreso es sólido —con salario presidencial hoy y pensión vitalicia mañana—, pero ese argumento tambalea. El Presidente depende, para sus ingresos futuros, de escenarios políticos. Una mala evaluación final no lo convertirá en conferencista de reputación, la falta de título profesional lo hace un académico poco agraciado y su pensión vitalicia ha sonado como ironía ante su juventud e inexperiencia laboral, por lo que se está discutiendo si corresponde restringirla a la edad de jubilación.

Por lo demás, defender ese beneficio desde el gobierno de la igualdad, desde el gobierno que acusaba el lucro, es algo imposible de sostener. Y lo cierto es que la pensión a expresidentes está siendo revisada en el Congreso, y su continuidad no está garantizada.

El banco ha hecho una proyección política de ingresos futuros, no de una fuente efectiva ni asegurada, sino a partir de un análisis político: eso es exactamente lo que no se puede hacer con una PPE.

Un privilegio con firma presidencial

Lo que hace que este caso sea un “Caval” no es una operación especulativa, sino el uso del cargo para obtener una ventaja que no tendría si fuera un ciudadano común. Y el uso político de la imaginación de los analistas de riesgo, quienes se enfrentan a una carrera no evaluable y que debió terminar naturalmente en un crédito a valor del precio de pizarra.

Como en el caso Caval, el gobierno ha avanzado hacia la defensa técnica: “todo está dentro de la ley”. Pero la verdad es más simple: la existencia de un privilegio de este orden es exactamente lo que escandalizó a Chile hace una década con Dávalos afectando para siempre la imagen impoluta de su madre.

Pero aquí es Boric quien pone en riesgo a Boric. Como con la casa de Allende, no le importaron los detalles. Era el predominio de la voluntad, del voluntarismo. Boric no necesitó intermediarios. No actúa su pareja, ni su familia, ni un tercero.

Es él mismo, con su firma, su cuenta bancaria y su nombre como PEP, quien recibe el beneficio. Es, en este sentido, más directo, más expuesto y, por lo mismo, más obsceno.

El presidente ha hecho de la probidad un eje discursivo de su trayectoria. Esta operación lo aleja de ese eje, lo instala en la zona gris de los privilegios estructurales del poder, y hace que su discurso empiece a sonar vacío.

La pregunta no es si Boric tuvo derecho legal a comprar esa casa. La pregunta es si alguien con su poder debía aceptar un beneficio financiero que ningún otro ciudadano podría obtener sin ser presidente.

Va a terminar siendo necesario que el banco explicite si se aplicó el protocolo de Persona Expuesta Políticamente; si fue idea del banco el descuento (y por qué) o si fue una solicitud del presidente; si la relación se llevó por los canales convencionales; y si el criterio de evaluación de riesgo y el análisis es conocido y evaluado por las instituciones pertinentes (no solo para eventuales sanciones, sino además para pronunciamientos).

Hoy la pregunta que no se ha respondido es exactamente la pregunta que Caval nunca respondió. Es la pregunta por la legitimidad de un privilegio económico en razón de ocupar el cargo de Presidente.
- Alberto Mayol