Yo tenía 25 años cuando ocurrió el crimen de Hans Pozo, y como probablemente nos pasó a todos los que ya no éramos niños en 2006, su nombre se me grabó a fuego. Era un caso impactante, casi inédito, escabroso. La prensa, sobre todo la crónica roja, vivió años de los detalles de su asesinato y posterior desmembramiento.
Puede parecer reiterativo y hasta un poco cándido decir que en Chile no pasaban estas cosas. Pero es verdad. Y, por eso, cuando algo tan ominoso desgarraba la cotidianidad nacional, quedaba estampado en la memoria colectiva.
Creo que, lamentablemente, perdimos esa sana ingenuidad en 2018, cuando ocurrió el crimen del profesor Nibaldo Villegas, probablemente la última víctima que nos remeció tanto como sociedad que no solo recordamos su nombre, sino que generó una ley para sancionar el ultraje y manipulación ilegal de un cadáver.
La ley se promulgó en septiembre de 2022 y desde entonces ha habido al menos 13 casos de descuartizamiento, 13 muertes violentas que captaron algo de atención y debate público, pero cuyas víctimas permanecieron en un sosegado y cruel anonimato.
Los descuartizados dejaron de tener nombre
Los casos han ocurrido en todo Chile: Los Ángeles, Punta Arenas, Santiago centro, Coquimbo, Pudahuel, Maipú, San Ramón, Pelarco, Valparaíso. Esas comunidades se quedaron solas padeciendo el trauma -como ocurrirá ahora con los vecinos que encontraron las partes de una mujer en Ñuñoa-, sin siquiera el reconocimiento de que vivieron una película de terror.
No escribo esta columna solo para lamentar a lo que hemos llegado, sino porque creo que Chile, y en particular el Gobierno, necesita un remezón para darse cuenta de lo que está sucediendo.
Me produjo perplejidad, y luego indignación, que la primera intervención de la delegada presidencial Constanza Martínez por el crimen ocurrido hace algunos días en Ñuñoa, fuera decir que era “un caso muy cruento, al que no nos acostumbramos como sociedad ni tampoco como Gobierno”. Como si acostumbrarse fuera una posibilidad. Como si hubiera que aplaudir que el Gobierno no se resigne a que esta es la nueva normalidad.
Pero pareciera que La Moneda no quiere reaccionar.
Comenzamos el año con titulares internacionales advirtiendo que “Chile se estremece por el aumento del crimen organizado” (ABC), y que “Chile arranca 2024 con una ola de homicidios que complica al Gobierno de Boric” (El País).
Pero cuando los locatarios de La Vega y Lo Valledor tuvieron que hacerse cargo de su propia seguridad, la ministra del Interior se concentró en que la medida no fuera a parecer discriminatoria. Así, bajó el perfil a las denuncias de extorsiones por parte de bandas organizadas y a la inversión de 2 millones de dólares que deberán hacer los locatarios ante la falta de acción del Estado.
Presidente Boric: le quedan dos años de Gobierno. Luego de eso puede ser muy tarde para volver atrás. Recuerde, por favor, que en la calle los delincuentes son los malos y los policías son los buenos -contrario a lo que usted y su sector enarbolaron de manera furibunda durante años, antes de que a realidad los golpeara de frente-, y que el pudor y el discurso para sus bases debe estar subordinado a eso.
Todavía puede hacer algo por Chile.
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