Lo ocurrido este verano en Chile, en especial en la Región de Valparaíso, nos abre una tarea inmensa a partir del mes de marzo. Tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo tenemos una responsabilidad inmensa para avanzar en normas y procedimientos que nos permitan enfrentar la prevención de los incendios forestales. Pero, también asumir con presteza, con medios y recursos, la tarea de abordar las graves consecuencias que estos siniestros dejan en casi la mitad del país.
Desde el 29 de enero pasado, las intensas olas de calor y las acciones delictuales, en algunos casos, provocaron incendios forestales en seis regiones del país, donde Valparaíso fue una de las más afectadas.
Cifras de la Oficina de la Coordinadora Residente en Chile con los aportes de las Agencias, Fondos y Programas del Sistema de Naciones Unidas e información oficial del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y otras entidades gubernamentales, dejan en evidencia estas secuelas.
Hasta mediados de febrero se habían notificado 132 muertes, 125 lesionados y centenares de personas desaparecidas. Se calcula que más de 21 mil personas han sido afectadas por la emergencia, de las cuales casi 6 mil quedaron damnificadas. El 90% es de la Región de Valparaíso, que ha resultado con casi 8.651 hectáreas quemadas de un total de 15.000 consumidas en el centro y sur de Chile.
El año pasado también vivimos angustias similares. Según datos oficiales, entre el 1 y el 26 de febrero de 2023, en cinco regiones del sur se quemaron 365.350 hectáreas de plantaciones forestales y cultivos, lo que dejó 26 personas fallecidas y 2.406 viviendas destruidas.
Como se puede concluir, este no es un tema político. Aquí no estamos en presencia de una disyuntiva de votar a favor o en contra de una decisión que puede favorecer a determinado sector. Aquí debemos trabajar por el bien común, por la ciudadanía, por miles de personas que año a año enfrentan con angustia el inicio de la temporada estival porque no saben qué va a ocurrir en su entorno.
Es hora de sentarnos a la mesa con los expertos, académicos, especialistas y profesionales que han estudiando las causas, efectos e impacto de los incendios forestales. Debemos perfeccionar la estructura interna de SENAPRED y establecer por ley que su planta funcionaria debe estar integrada exclusivamente por profesionales expertos en los temas que le corresponde afrontar.
Es imprescindible también mejorar el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), que hoy concita críticas de varios sectores. Hay que eliminar todo tipo de dudas respecto de la eficacia de su funcionamiento y eso se hace introduciendo elementos técnicos de alto estándar y de última generación. En este tipo de temas hay que invertir lo que sea necesario, porque buscamos proteger la vida y los escasos bienes de centenares de chilenos.
Y finalmente, insisto con la seguridad. Hay incendios forestales provocados por delincuentes con objetivos espúreos que ameritan un análisis de inteligencia más profundo. Es importante avanzar en el perfeccionamiento de nuestras policías e instituciones de análisis criminal para prevenir y adelantarse a estos hechos, en especial en altas temporadas.
En el plano judicial, también es recomendable hacer una revisión profunda a las leyes y su penalidad para castigar con dureza a los autores de estos delitos. No como hoy, donde a los pocos días los acusados recuperan su libertad por la imposibilidad del órgano persecutor de establecer claramente su responsabilidad penal.
Hago un llamado a todos los sectores a tomar este tema como una prioridad. No podemos esperar que termine el verano y olvidar lo que ocurrió en estos meses para recordarnos que tenemos ese asunto pendiente cuando se acerca la nueva temporada.
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