De una vez por todas debemos “regular la regulación” estatal, modernizar nuestra institucionalidad.
Sinovac se irá a Colombia. A pesar de confusas versiones del Gobierno, la razón que esgrimió la farmacéutica china es que el terreno ofrecido por Chile no tiene las cualidades para alojar un laboratorio. Esta falta de condiciones la hicieron saber en mayo de 2022 y no hicimos nada para enmendarla. Adiós a una inversión de US$100 millones y a lo que significaba desde el punto de vista de la salud pública.
Según Bloomberg, desde el ‘estallido social’ inversionistas han retirado más de US$50.000 millones del país. Es en este contexto de pérdida que diferentes rubros han advertido un problema que sigue empeorando y que, a diferencia de pandemias, guerras y crisis internacionales, sí está en nuestras manos mejorar: la permisología burocrática a la que están sujeta los proyectos, que con su lentitud termina fatigando a interesados, aumentando costos y potenciando a otros países más expeditos.
Consecuencia de esta burocracia, por ejemplo, es la historia de cómo Perú superó a Chile en el listado de países atractivos para inversiones mineras. Ranking que realiza el Instituto Fraser valorando las regiones según su atractivo geológico y la percepción de sus políticas gubernamentales.
Para nadie fue una sorpresa. Lo han dicho los industriales del norte una y otra vez, los proyectos mineros se están demorando 4.3 años más de lo presupuestado y sus costos se han disparado en un 64%. Frustración que comparte la industria de la generación de energía eléctrica, que advirtió a fines de 2022 que la inversión potencial de US$23 mil millones para los próximos cinco años, puede estar en riesgo si se agudizan o no mejoran estas demoras; también ha advertido la Cámara Nacional de Comercio por la bajísima materialización de proyectos inmobiliarios, que permanecen en etapa de estudio a la espera de ponerse la primera piedra. En fin, elija usted un sector.
¿Vamos a escuchar o vamos a esperar que, con nuestro permiso, los proyectos sigan huyendo de Chile? También están en juego nuestras posibilidades de ser un actor relevante en el litio y el hidrógeno verde, para aquellos que piensan que el mundo comenzó hoy.
La actual institucionalidad ambiental tiene más de 10 años. Existen más de 300 mil regulaciones a nivel nacional, regional y local, Chile es el segundo país con mayor complejidad de la OCDE y se estima que un proyecto de gran envergadura tarda hasta 10 años en lograr la tramitación de todos los permisos exigidos en nuestro país. Lo peor, es que lo anterior no asegura nada, muchas veces la iniciativa es detenida al final por la evaluación política de la autoridad de turno.
Al cierre del primer semestre de 2023, la inversión aprobada por la autoridad ambiental cayó a su nivel más bajo en 16 años. Desde 1997 que no ingresan y se aprueban un número tan bajo de iniciativas.
La seguridad jurídica es esencial para la inversión, por eso es que la situación es grave y no hacemos nada. Países como Australia, Reino Unido o Corea del Sur, evalúan su permisología cada pocos años y modifican o derogan algunas de sus regulaciones menos eficientes. Ni hablar de la modernización que han hecho otros como Singapur. Es urgente reducir los plazos que toman los procesos de aprobación y también eliminar discrecionalidades políticas que hay detrás de esta burocracia.
En este proceso intervienen cientos de funcionarios y decenas de servicios públicos, el Ministerio de Defensa, Monumentos Nacionales, SAG, CONAF y un eterno etcétera, cada quien con su criterio, convirtiendo el resultado en una incógnita tan incierta como la ruleta del casino.
Urge acabar con la ausencia de plazos o el incumplimiento de ellos, expirar procesos obsoletos, uniformar los criterios entre regiones, mejorar la digitalización y la débil coordinación entre los servicios del Estado.
Debemos además eliminar la instancia del Comité de Ministros para que la decisión de evaluación ambiental sea técnica, debemos propender una “ventanilla única” por sector, establecer responsabilidades administrativas a funcionarios por las demoras o errores técnicos cometidos.
Por muy loable que sea el objetivo de esta red burocrática -como el cuidado del medio ambiente, la búsqueda de restos arqueológicos o el cobro impuestos- su nivel de aplicación empieza a ser gran parte del problema. No olvidemos que estos problemas son mucho más que números, ya que detrás de cada inversión paralizada o ahuyentada a otro país, hay oportunidades de trabajo y desarrollo desperdiciadas para millones de chilenos.
