La comisión investigadora del Gobierno de Santiago, destinada a indagar el coaching contratado durante la gestión de Orrego, llegó a su plazo final sin remitir ningún informe. Cuatro consejeros regionales (cores) quedaron inhabilitados temporalmente y se acudió a Contraloría en espera de un pronunciamiento.
El tema se abordó en el Plenario Ordinario N° 17, donde los antecedentes generales fueron presentados por la consejera regional María Valeria Ponti (RN), como presidenta de la Comisión de Coordinación.
En ese marco, la consejera explicó cómo se trató la situación de la Comisión de Control Regional, integrada por Álvaro Bellolio (UDI), Nicole Aguilera (UDI), José Pablo Soto (RN), Sergio Morales (Republicanos) y Carolina Oteiza (PS). Dicha comisión se constituyó el 18 de junio para revisar el coaching contratado por el gobierno regional, cuestionado por el informe N° 873 de Contraloría.
Ponti indicó que en la sesión de la Comisión de Coordinación del 1 de septiembre se informó sobre la recepción de la opinión legal emitida el 26 de agosto por el estudio de abogados DLA Piper Chile, solicitada por la consejera Oteiza el 8 del mismo mes.
La conclusión de ese análisis señala que los cuatro integrantes de oposición de la Comisión de Control Regional, tanto titulares como suplente, “se encontrarían vinculados en una hipótesis de inhabilidad“, por ser parte del requerimiento del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que busca destituir al gobernador Orrego, tras haber sido sorteados para integrar la comisión.
En consecuencia, según la opinión legal del estudio jurídico, habría una “transgresión a los principios de objetividad y probidad administrativa“, leyó Ponti.
Los consejeros señalados declararon su inhabilidad, lo que dejó a la comisión sin quórum ni ministro de fe para continuar con sus funciones. A ello se suma que el plazo de funcionamiento de la misma vencía el 3 de septiembre, sin que se remitiera un informe al plenario del Consejo Regional Metropolitano de Santiago.
Discusión por eventual inhabilidad de consejeros regionales del Gobierno de Santiago
Durante el Plenario Ordinario N° 17, los consejeros de oposición insistieron en acudir a Contraloría, argumentaron que hubo poco tiempo para abordar jurídicamente el tema y cuestionaron la validez de la opinión legal del estudio de abogados.
Por su parte, uno de los afectados por la inhabilidad, Álvaro Bellolio, leyó un correo recibido tras el envío del informe de DLA Piper Chile, donde tomó conocimiento de su contenido y a la vez criticó al estudio, ya que, según él, existiría un contrato vigente mediante trato directo con el gobierno regional. Por ello, planteó que correspondía solicitar un pronunciamiento a Contraloría sobre las posibles inhabilidades.
La consejera Nicole Aguilera recalcó que se trataba de un trato directo y que el abogado autor del informe de DLA Piper Chile criticaba en redes sociales a diputados y ministros de las bancadas UDI y RN, por lo que “no genera una opinión objetiva“. En consecuencia, también se acudió a Contraloría.
Desde la gobernación regional, sin embargo, declararon a La Radio que no se celebró un nuevo trato directo, sino que se trata de un contrato vigente a precio unitario.
Aguilera estimó prudente suspender las sesiones que revisaban el informe de Contraloría y asumir personalmente una “inhabilidad preventiva“.
El consejero Sergio Morales precisó que la eventual inhabilidad aplicaba para los cores y el secretario ejecutivo de la comisión. Por ello, suspendieron su funcionamiento y con el informe en sus manos, decidieron inhabilitarse preventivamente.
En el caso de la consejera Carolina Oteiza, quien solicitó la opinión legal, afirmó que era evidente que los consejeros de oposición “están inhabilitados” y que el “fracaso” de la comisión sobre el informe N° 873 de Contraloría es negativo para todo el gobierno regional.
Orrego sobre la polémica y la comisión revisora del coaching
El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, se distanció de la controversia por las inhabilidades. Sin embargo, mostró interés en conocer los plazos y la vigencia de la Comisión de Control Regional.
En ese sentido, el secretario ejecutivo José Zuleta concluyó que la comisión tenía su plazo de vencimiento el 3 de septiembre y que no habrá un informe final. “Por tanto, se ha terminado el mandato que ha dado origen a esa comisión“, sostuvo Zuleta.