Continúa la polémica entre la Municipalidad de Recoleta y la empresa Concesiones Recoleta S.A por el cobro de parquímetros en la comuna. Desde la casa edilicia aseguran que el contrato está terminado y las personas no deben pagar, mientras que en la vereda opuesta defienden el cobro y acusan que se falta a la verdad.
El abogado del municipio, Rodrigo Aros, afirmó -a principios de mes- que a través de un decreto se acordó con el Consejo Municipal poner fin al contrato con la concesionaria por incumplimientos graves y reiterados. Además, indicó que la empresa desde 2015 que no paga la patente.
“Jurídicamente, nosotros entendemos como municipalidad y ratificamos que la empresa concesionaria no tiene que funcionar y no debería cobrar”, precisó y agregó que a la “fecha no existe ningún parte cursado por la concesionaria en contra de un vecino de Recoleta”.
Versión opuesta a la expuesta por el abogado de Concesiones Recoleta, Gustavo Parraguez. Según aseguró en Expreso Bío Bío, las personas sí deben pagar el parquímetro y acusó al municipio de incitar la violencia en contra de los trabajadores de la empresa.
“Quiero partir denunciando que el abogado de la municipalidad en la entrevista de la semana pasada, probablemente informaron mal, seguramente de manera involuntaria, faltó gravemente a la verdad y esto es muy lamentable porque produce una seria confusión y lleva al engaño a los auditores”, acusó el abogado.
Lo anterior, porque “dijo textualmente que el contrato está terminado y que no hay que pagar el parquímetro. Esto es falso, es absolutamente falso”.
Aseguró que resoluciones de la Corte de Apelaciones “han reconocido sistemáticamente, a riesgo de caer en desacato, que los contratos los mantiene plenamente vigente y acá hubo una licitación pública, hubo un concesionario que se explicó, se firmó un contrato que establece que cualquier diferencia entre las partes se debe resolver en tribunales”.
Parraguez indicó que “el alcalde pidió a los tribunales dar por terminado el contrato de concesión y les dijeron que no, y qué hizo cuando le dijeron que no, tomó el timbre y al más puro estilo de la Unión Soviética en los años 50, dictó decreto, puso un timbre y eso considera un término de contrato”.
Respecto al argumento esgrimido por el municipio sobre el no pago de la patente, el abogado de la concesionaria aseguró que “nos quitaron la patente sectorial con malas razones, con razones ilegales y nos negaron la regularización de la segunda”. Aclaró que, pese a ello, la han seguido pagando en la casa matriz.
También reconoció que no se han cursado partes contra los que no pagan. Explicó que esto se debe a que “la Municipalidad no cumple con su obligación de sacar ese parte y lo tenemos demandados por 8 mil millones de pesos por incumplimiento de esa obligación”.
Asimismo, responsabilizó a la casa edilicia por los ataques y agresiones que han recibido los trabajadores, por lo que calificó como “una incitación a la violencia que se realiza en perjuicios de ellos”.
“La empresa a la cual represento, lo único que quiere es terminar este conflicto, lo único que quiere es que le permitan construir las obras que están pendientes que no se han podido construir porque se les han colocado todo tipo de obstáculos”, estimó.
Finalmente, recalcó que “queremos arreglar este problema, queremos trabajar en paz, queremos trabajadores que no sean agredidos por los usuarios o por los cuidadores ilegales, que hay una verdadera mafia que nunca se ha controlado”.
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