El gobernador regional del Bío Bío, Rodrigo Díaz, insistió en que los millonarios financiamientos a fundaciones y ONGs se ajustan a la ley. Asimismo, explicó que los recursos públicos que manejan "no sólo son dineros para solucionar problemas particulares de necesidades que existen en la región, sino porque el proceso de descentralización tiene que ver con mejorar la calidad de vida de las personas".

La jornada de este viernes, el gobernador regional (Gore) del Bío Bío, Rodrigo Díaz, recalcó que los millonarios traspasos efectuados por parte de su administración a fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) se ajustan a la ley.

En concreto, la máxima autoridad regional apuntó a un “proceso de descentralización”, con el objetivo de llegar a zonas donde los Ministerios no llegan.

Así lo explicó el Gobernador, tras el inicio de la investigación por parte del Ministerio Público al organismo estatal, junto con la querella interpuesta por el diputado Leonidas Romero, por malversación de fondos y apropiación indebida de recursos públicos de al menos $50 mil millones.

Esta mañana “el abogado jefe (s) del GORE llevó a Contraloría los antecedentes de la Fundación Horizonte Ciudadano y Fundación En Ti”. Además, “entregamos antecedentes de la Fundación ProCultura”, aseguró Díaz.

“Nos interesa mucho que exista total transparencia respecto de los dineros que manejamos en el Gobierno Regional, porque no sólo son dineros para solucionar problemas particulares de necesidades que existen en la región, sino porque el proceso de descentralización tiene que ver con mejorar la calidad de vida de las personas”, aclaró.

En ese contexto, recordó que hay una denuncia que involucra a una funcionaria del Gobierno Regional, por la cual existe una investigación del caso.

Por ello, indicó los investigativos al interior del GORE tras estos cuestionamientos.

“Lo que hacemos es pasar a un sumario, y si ese sumario entrega antecedentes que nos hace pensar que hay una falta legislativa, vamos a la Contraloría, y si hay un delito, vamos al Ministerio Público”, sostuvo.

En esa línea, agregó que “a partir de la semana pasada se ha activado la Comisión de Ética, en esta materia en particular”.

“Se va a entrar al análisis en particular, y hay a lo menos cuatro entidades que van a hacer revisión”, precisó. Sin embargo, recalcó que pueden haber cosas que “siendo legales, serán objeto de cuestionamiento público”.

De esta manera, Rodrigo Díaz hizo énfasis en que se encuentran trabajando en “una serie de medidas”, para lograr un acuerdo y poder ser aún más estrictos en el uso de recursos públicos.

“Lo importante es que el país, y en particular nosotros, asumamos un compromiso de elevación de estándares. No porque tengamos alguna duda de la legalidad de las cosas que estamos haciendo, sino que la fe pública exige elevación de estándares”, advirtió.

En cuanto al trabajo que mantiene la Gobernación con Organizaciones No Gubernamentales (ONG), explicó dijo que “vale la pena precisar que los GOREs deben llegar donde no llegan los Ministerios, o donde llegan mal y tarde. Para eso, una fracción de nuestros recursos los trabajamos con las ONGs”.