El Consejo de Defensa del Estado estudia la posibilidad de hacerse parte en la investigación por los episodios de contaminación en Talcahuano, Quintero y Puchuncaví, ocurridos en agosto de 2018, según información exclusiva de Radio Bío Bío.
Para abogados y ambientalistas, la intervención del organismo sería un aporte para determinar los responsables y conseguir la reparación de los daños.
El análisis de los antecedentes del caso pidió el Consejo de Defensa del Estado a su oficina en Concepción, de manera de decidir la eventual presentación de una querella por la emergencia vivida el año pasado no sólo en Quintero y Puchuncaví, sino también en Talcahuano, a donde primero llegó el crudo iraní que según la Fiscalía sería el responsable de los episodios de contaminación.
Si bien Manuel Pizarro, director de Red Infancia y Movimiento por la Infancia de Quintero y Puchuncaví, sostuvo que no habían solicitado la intervención del Consejo de Defensa, la decisión de hacerse parte en la causa podría dar mayor fuerza a la investigación abierta por la iniciativa de los habitantes del cordón industrial.
De acuerdo a las fuentes de Radio Bío Bío, lo que incidirá en el estudio del Consejo de Defensa del Estado es que existan indicios sobre la responsabilidad de empleados públicos, por ejemplo de ENAP, en la contaminación que obligó a evacuar el Mall Plaza El Trébol en Talcahuano, y luego a la atención de docenas de personas por problemas de salud en la región de Valparaíso.
Ambos aspectos, subrayó el abogado querellante, Remberto Valdés, ya están totalmente acreditados y por ello es lógico que el CDE deba intervenir.
Además, lo que los abogados del organismo estatal deberán establecer como argumento para querellarse es la posibilidad que las emergencias hayan ocasionado un daño medioambiental, lo que según Katta Alonso, del Movimiento Mujeres en Zona de Sacrificio de Quinteros en Resistencia, es algo establecido desde hace tiempo por una serie de estudios.
Sobre la entrega de los detalles de la causa de parte del Ministerio Público al Consejo de Defensa, la Fiscalía Regional del Bío Bío indicó que a mediados de agosto se confirmó al organismo fiscal que la carpeta abarca delitos medioambientales, pero que por ser una investigación reservada y bajo secreto para terceros no podía compartir los antecedentes recopilados.
