Tras analizar los casos expuestos en casi 2.500 demandas presentadas tras el 27/F, una jueza de Talcahuano concluyó en que -por la historia y además las características geomorfológicas de Chile- los terremotos y tsunamis no pueden ser considerados eventos imprevisibles y menos sus consecuencias, por lo que el Estado debería estar preparado.
El libro “Responsabilidad del Estado: Terremoto del 27 de febrero de 2010”, será presentado este martes en la Corte de Apelaciones de Concepción por la titular del Segundo Juzgado Civil de Talcahuano, Antonella Farfarello, quien hace un tiempo se hiciera conocida por denunciar malos tratos al interior del Sename.
Ahora la jueza se dedicó al análisis de las miles de causas tramitadas en los tribunales del país, denunciando al Estado por la falta de servicio que habría redundado en graves consecuencias para los habitantes de las zonas afectadas por el terremoto y el tsunami de hace casi diez años.
Concretamente, sobre las sentencias dictadas, la magistrada Farfarello acredita en su obra que las consecuencias que dejó el sismo de magnitud 8,8 pudieron ser prevenidas por las autoridades.
Si bien es común que miembros de la administración de justicia escriban textos sobre Derecho, no es muy común que manifiesten una opinión como sí lo hace la jueza de Talcahuano, quien es categórica en subrayar la responsabilidad de las autoridades para evitar los efectos de un megaterremoto.
Y en esa línea, es que Antonella Farfarello establece no sólo que los movimientos telúricos deberían ser eventos previsibles, sino también que el Estado tiene la obligación de actuar para evitar y mitigar los daños dejados en este caso por el terremoto y el tsunami de febrero de 2010.
Por eso, espera la magistrada del Juzgado Civil, que su obra sirva como un referente jurisprudencial para actuar ante similares o peores catástrofes futuras.
