La Corte Suprema revocó los fallos que en primera y segunda instancia habían ordenado el pago de una indemnización a las trabajadoras del aseo desnudadas por un procedimiento policial. En la indagación de la Policía de Investigaciones (PDI) eran consideradas sospechosas por un robo de 1.800 dólares denunciado al interior del casino Marina del Sol en Talcahuano en 2010.
En la investigación penal la Fiscalía logró condenar a los detectives por la obligación a las sospechosas de quitarse la ropa para verificar que el dinero perdido no estuviera oculto en su cuerpo. Los policías fueron sancionados con 61 días de suspensión del cargo y una multa de casi 450 mil pesos por el delito de vejación injusta.
En la arista civil, en tanto, se había determinado una indemnización de 48 millones de pesos como reparación por parte del Fisco.
Sin embargo, la Corte Suprema revisó las sentencias que habían otorgado la reparación económica a raíz de recursos tanto del Consejo de Defensa del Estado, que alegaba la prescripción, como de los abogados demandantes, quienes buscaban aumentar la indemnización de ocho a 15 millones de pesos por víctima.
Finalmente, los ministros de la Tercera Sala, en fallo dividido, estimaron que la responsabilidad del Estado había prescrito, ya que son cuatro años el plazo que otorga la ley para hacer valer la responsabilidad en materia civil y la querella fue presentada en 2015, con lo que se habrían excedido el plazo.
