Diego Pereira, abogado de la Inmobiliaria San Antonio S.A., dueña del terreno de la megatoma del Cerro Centinela, advirtió que el desalojo de la misma podría llegar a tardar hasta 3 años, si es que la situación de los albergues no se soluciona.

En entrevista con Radio Bío Bío en Valparaíso, el jurista partió valorando el fallo de la Corte de Apelaciones de dicha ciudad, que dio un plazo de 30 días para la habilitación de albergues. “La Corte despejó toda duda sobre que la sentencia está firme y ejecutoriada, y no cabe ninguna otra instancia ni recurso ni petición distinta al cumplimiento del fallo, es decir, a que se lleve adelante el desalojo“, afirmó.

En esa línea, destacó que se haya puesto una fecha definitiva para el procedimiento: “Esto es al 4 de diciembre del presente año, para que las instituciones mandatadas dispongan de los albergues y se comience de una vez por todas en el mes de diciembre con la gesta del desalojo, como dice la sentencia, de forma paulatina y razonable”.

“De nuestra parte, como representantes de la empresa, nosotros hemos cumplido todo lo que la ley nos ha impuesto. De hecho, nosotros tuvimos una reunión de lobby con el delegado presidencial y su equipo en donde se nos solicitó la entrega de un plan de cercado, y nosotros cumplimos con la entrega del plan de cercado. Mis representantes están preparados para realizar todas las labores necesarias de acuerdo al plan de cercado para ejecutar el desalojo“, agregó.

Complicación por albergues

El abogado advirtió, eso sí, que según informes de distintas instituciones, no habría los albergues suficientes para el magno desalojo.

“De acuerdo a las declaraciones del señor delegado presidencial, señaló que aproximadamente existía un albergue que podía, valga la redundancia, albergar a 50 personas por semana, lo cual nosotros vemos con mucha preocupación, dado que si hacemos un cálculo rápido, podríamos estar 3 años ejecutando un desalojo. Por tanto, a lo que nosotros estamos abogando es a que se generen muchos más albergues para que el desalojo se haga de la forma más rápida posible”, alertó.

“Hasta el momento no tenemos ninguna información oficial, porque estamos esperando nosotros a que desde la mesa intersectorial, particularmente desde la delegación, nos indiquen cuál es el plan de desalojo. Nosotros solicitamos una reunión de lobby con el delegado presidencial, la cual está pendiente“, añadió.

Pereira complementó que el trabajo de cercado -por parte de la empresa- se podría realizar entre dos a tres semanas, y que entendida la complejidad del desalojo, sus expectativas están en que este no tarde más de uno o dos meses.

“La verdad es que nosotros queremos que esto se haga lo más rápido posible. Recordar que la empresa lleva 5 años de litigio y 6 años con el terreno tomado. Entonces, la verdad es que no podemos seguir esperando más“, subrayó.

Futuro del terreno de la megatoma de San Antonio

Consultado por qué pasaría con el terreno en caso de ser exitoso el desalojo, Pereira planteó que antes se habían tanteado varias posibilidades, como la expropiación del terreno para el nuevo acceso norte al Puerto de San Antonio y la venta para el cementerio parroquial de la comuna. No obstante, dijo que eso queda a disposición de la empresa, y que -por ahora- “preferimos abocarnos a la gesta del desalojo“.

“Lo que yo puedo decir así expresamente es que todo proyecto, toda gestión o disposición futura del terreno, está en el seno de la constructora y ellos están planificando qué es lo que van a hacer”, afirmó.

Sobre la organización de pobladores y las acusaciones desde allí, el jurista recalcó que “es importante dejar que las instituciones trabajen”, recordando que “las resoluciones de la ilustrísima Corte de Valparaíso dan cuenta de un rechazo constante y permanente a todos los argumentos que se han vertido por los ocupantes ilegales”.

“Nosotros no queremos, no estamos en disposición de comentar ni entrar en ningún tipo de polémica innecesaria con respecto a esto, nosotros solamente comentamos los fallos y el fallo es claro, hay una sentencia firme y ejecutoriada que da cuenta que existe vulneración hasta la fecha del derecho de propiedad de mi representado y que se dispone que se lleve adelante el desalojo”, apuntó.

Finalmente, respecto a posibles negociaciones con el Gobierno y los pobladores, Pereira advirtió: “Nosotros no hemos tenido ningún contacto con el ministro Montes ya desde el mes de septiembre“.