Tras finalizar la fecha límite para llegar a un acuerdo entre el Gobierno y la inmobiliaria San Antonio, dueña del terreno donde se emplaza la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio, región de Valparaíso, Radio Bío Bío informó que no se concretó una negociación.
Fue la misma inmobiliaria que informó a través de un comunicado que las negociaciones con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) se “habían caído”.
Así las cosas, la mesa técnica que se había consolidado entre el Estado y la empresa con la intención de realizar la compraventa de los terrenos, terminó sin resultados luego de más de 6 meses de intentos por un trato.
Sin acuerdo termina negociación por compra de megatoma de San Antonio
La compañía confirmó que se realizarán, entonces, las acciones legales para confirmar la medida de desalojo de 10.000 personas. Con ello, más de 4.000 familias se verán afectadas por esta decisión que deberá tener un nuevo proceso.
“En el día de hoy, 3 de septiembre, hemos dado por terminada nuestra participación en dicha mesa técnica, tras haberse agotado tanto el plazo de seis meses que se estableció para llegar a acuerdos, así como su extensión hasta hoy, que se acordó el 27 de agosto”, informó la inmobiliaria San Antonio en su declaración pública.
“Esta decisión se adopta considerando que no hay información fidedigna de quiénes serían los compradores, que no existen condiciones para la compra en un solo acto, que no se han presentado antecedentes sobre cuál será la fuente de financiamiento, ni cuál será la garantía financiera para esta operación”, argumentaron.
Lo anterior fue ratificado por Diego Pereira, abogado que representó a la inmobiliaria en todo el proceso de negociación.
La empresa añadió que han reducido el precio del metro cuadrado en varias ocasiones, “accediendo finalmente al valor propuesto por el Minvu, que está muy por debajo del valor comercial. Esto, con el objeto de alcanzar un acuerdo, pero no hemos tenido respuesta a las demás variables, que son consustanciales a una venta de terreno”.
“Lamentamos, una vez más, el abandono estatal, ya que llevamos seis años intentando por diversos medios recuperar nuestro terreno, o en su defecto, llegar a un acuerdo que nos permita recuperar en parte nuestro patrimonio usurpado”, cerraron.
Declaración del Gobierno
De la misma forma, el Minvu emitió una declaración frente a la resolución. En su misiva, sostuvieron que tras 17 sesiones de negociación, los resultados no fueron los esperados.
“Los principales obstáculos consistieron en la diferencia en la tasación del terreno y las posturas adversariales de los representantes de los propietarios, y las condiciones comerciales exigidas por quienes han abordado esta operación como ‘una compraventa más"”, agregaron.
Con relación a dicha diferencia en la tasación, añadieron, “el valor propuesto por los propietarios se sustenta en informes que no se encuentran técnicamente validados por el Minvu -en su rol de resguardo técnico del proceso-. No es un valor financiable, ni tampoco sostenible en el tiempo por las familias.
“En específico, el valor ofertado por los propietarios triplica el valor de la tasación encargada por el Minvu, obstaculizando cualquier posibilidad de acuerdo, financiamiento o garantías institucionales”, afirmaron desde el Gobierno.
El organismo estatal detalló que ha propuesto alternativas técnicamente justificadas para viabilizar un acuerdo sobre este punto, “pero esto fue rechazado sin presentar otras opciones ni propuestas, lo que impidió avanzar hacia un valor o rango de consenso”.