La subjefa de la Bancada UDI, Marlene Pérez, junto a los diputados Flor Weisse y Juan Manuel Fuenzalida, anunciaron la presentación de un proyecto de ley para dar a los usuarios herramientas permanentes contra las llamadas comerciales no solicitadas. La iniciativa surge por los reiterados reclamos que persisten pese a la entrada en vigencia de la ley sobre “prefijos únicos” en agosto.

Los parlamentarios advirtieron que la normativa actual, que establece que las llamadas comerciales deben llevar los prefijos 600 u 809, no resolvió el problema del hostigamiento telefónico. Según indicaron, los usuarios reportan recibir hasta 15 llamadas diarias de cobranza u ofertas de servicios.

Por este motivo, los diputados calificaron la ley vigente como “insuficiente” y confirmaron que presentarán una nueva iniciativa. Este primer proyecto obligará a las compañías telefónicas a implementar una plataforma para que las personas puedan detectar y bloquear todas las llamadas con fines comerciales no deseadas.

Reactivan proyecto de 2023 para regular cobranzas

En segundo lugar, los integrantes de la Bancada UDI informaron que solicitarán la tramitación de un proyecto de ley presentado en 2023. Esta iniciativa complementaria no solo fija un horario para las llamadas de cobranza, de lunes a viernes entre las 10:00 y las 15:00 horas, sino que también las limita a un máximo de una por semana.

Los diputados Pérez, Weisse y Fuenzalida cuestionaron la efectividad de la medida actual. “Lamentablemente, la nueva ley sobre prefijos únicos no logró resolver el hostigamiento y el acoso del que todos los días están siendo víctimas millones de chilenos”, afirmaron.

Los parlamentarios agregaron que “la sola obligación de anteponer un número para que los usuarios pudieran identificar las llamadas no impide que sean contactados, ni por razones de cobranza ni para ofrecer algún servicio, lo que ha llevado a que muchas personas estén recibiendo más de diez o hasta veinte llamados al día”.

Buscan restablecer el derecho a la privacidad

En el caso de las llamadas no deseadas para ofrecer servicios, los legisladores gremialistas calificaron como “indispensable” que las personas “tengan el derecho a elegir quiénes los pueden contactar”. El proyecto que ingresarán la próxima semana busca materializar ese derecho a través de la plataforma de bloqueo.

Respecto a las llamadas de cobranza extrajudicial, los legisladores fueron enfáticos al asegurar que “retrasarse en el pago no faculta a las empresas a hostigar de la forma en que lo están haciendo”. Argumentaron que las prácticas actuales sobrepasan cualquier límite razonable.

Los parlamentarios también revelaron una consecuencia grave del acoso telefónico. “Hemos sabido que varias personas, entre ellos adultos mayores, por dejar de contestar números desconocidos ante el acoso que están sufriendo, han incluso perdido horas médicas que esperaban desde hace meses”, reiteraron Pérez, Weisse y Fuenzalida.

Finalmente, los diputados insistieron en que la situación actual debe terminar. “Es una realidad que se tiene que terminar, porque estamos llegando a un nivel donde las empresas no respetan ni la más mínima privacidad”, concluyeron.