El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, junto al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, aseguraron que se revisarán los protocolos de comunicación entre órganos luego de la liberación del sicario Osmar Ferrer Ramírez, apuntado como uno de los asesinos del “Rey de Meigss”, José Felipe Reyes Ossa.
Esto, luego de que que el documento que permitió la libertad del imputado -validado como auténtico en el sistema del Poder Judicial- fuera recibido a través de los canales regulares por Gendarmería, desde donde se acató la orden.
Gajardo dijo que para el caso ya se han dispuesto las investigaciones tanto administrativas como penales y, “en conjunto con aquello, vamos a formar una instancia de trabajo que nos permita enfrentar el desafío que es de comunicación entre los distintos órganos“.
Gobierno y Fiscalía revisarán protocolos de comunicación tras liberación de sicario
Aquello, en palabras del ministro, para que se tomen todas las medidas en los casos de crimen organizado y tener mejores medidas de control en este tipo de situaciones.
Esto, “para que no ocurra que una persona que debe estar ya sea cumpliendo una medida cautelar como es la prisión preventiva, salga sin que estén todos los medios de control entre las distintas autoridades“.
“Para ello se va a disponer de esta mesa de trabajo -tras una reunión con Fiscalía y la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich-, con el efecto de perfeccionar nuestros sistemas de control en las distintas instancias y tener mejores mecanismos para combatir el crimen organizado”, añadió Gajardo.
Por su parte, el Fiscal Nacional indicó que se revisarían “todos los protocolos y todos los procesos de trabajo sobre chequeo, contrachequeo y revisión de las órdenes que disponen la prisión preventiva y las libertades de imputados que están en situación de especial peligrosidad. Son comunicaciones que se producen hoy día entre los Tribunales y Gendarmería”.
“Nosotros vamos a participar de ese proceso de trabajo, y por supuesto vamos a aportar toda la información que está disponible para poder contribuir a que ese proceso se perfeccione y que esté a la altura de los desafíos que hoy día enfrentamos como país”, aseguró Valencia.
Tanto el fiscal como el ministro catalogaron la situación como gravísima. Al respecto, también, Valencia señaló que habrían varias acciones. Una de ellas, una investigación propia e interna del Poder Judicial, y otra investigación penal a cargo de un fiscal regional del Ministerio Público.
“Tal como comunicamos hoy en la mañana en virtud de las atribuciones que nos confiere la Ley Orgánica, dispusimos que un fiscal regional sea quien dirija personalmente estas diligencias, y hemos dispuesto que, considerando la experiencia en este tipo de asuntos y la especialización del equipo que él conduce, sea la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente. Esa investigación ya está con diligencia en curso“, detalló Valencia.
El ministro de Justicia enfatizó en que estos hechos no pueden ocurrir en nuestro sistema de Justicia y, por lo mismo, tienen que investigarse para determinar el origen de los mismos; “si hay faltas administrativas de quien sea dentro de los órganos que forman parte de este sistema y, eventualmente, también si hay la comisión de algún ilícito penal”.