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La ministra (s) vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, admitió que el proceso de compra fallida de la casa de Salvador Allende no se llevó a cabo como esperaban y que las responsabilidades políticas quedaron zanjadas con la salida de la exministra de Bienes Nacionales. El Gobierno, a través de Etcheverry, señaló que el nuevo ministro Francisco Figueroa está resolviendo la situación con una resciliación para aclarar cualquier duda. Respecto a las responsabilidades políticas de la ministra Maya Fernández y la senadora Isabel Allende, ambas vinculadas a la compra, Etcheverry enfatizó que ya se tomaron medidas con la exministra Sandoval. Frente al requerimiento de Republicanos al TC para destituir a Fernández y Allende, Etcheverry expresó que el gobierno no ve utilidad en la acción, ya que no hubo consecuencias patrimoniales ni transferencias de propiedad, sino un proceso que se detuvo.
La ministra (s) vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, se refirió a la polémica por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
Al respecto, reconoció que “el proceso se condujo no de la manera que esperábamos”, asegurando que las “responsabilidades políticas” se hicieron valer con la salida de la ministra de Bienes Nacionales.
En esa línea, partió señalando que el proceso de compra “no tuvo consecuencias ni patrimoniales, ni de transferencias de propiedades”, anunciado que el nuevo ministro Francisco Figueroa se encuentra realizando una resciliación para dejar atrás el error.
“Él está llevando adelante este proceso, que tiene que ver con la resciliación, en un esfuerzo de eliminar cualquier manto de duda respecto del proceso en su conjunto”, indicó.
Responsabilidad de Maya Fernández e Isabel Allende
Tras eso, sobre las responsabilidades políticas de la ministra Maya Fernández y la senadora Isabel Allende, ambas familiares del exmandatario y firmantes del inconstitucional acuerdo con el Gobierno, Etcheverry se limitó a repetir que las responsabilidades políticas las pagó la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval.
Así, finalmente, al ser consultada por el requerimiento de Republicanos al TC para destituir a Allende, concluyó: “Nosotros como gobierno no vemos la utilidad de la acción, entendiendo que aquí no se produjo consecuencias patrimoniales, ni transferencias de propiedad, ni pagos de ninguna naturaleza, sino que se trata de un proceso que se detuvo”.
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