Este miércoles, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Chile admitió su responsabilidad “parcial” por abusos en sus centros de reclusión de menores y en especial en la muerte de 10 adolescentes en 2007.
El reconocimiento fue expresado por la representación chilena en una audiencia celebrada en Brasilia, en el marco del 167 período de sesiones de ese organismo.
En la instancia, el jefe de Derechos Humanos de la cancillería chilena, Pascual Ricke, aseguró que el Estado ya reconoció los hechos y cumplió con su deber de investigación.
Lo anterior, específicamente, por el incendio ocurrido en octubre de 2007 en el Centro de Internación Provisoria “Tiempo de Crecer” de Puerto Montt, a cargo del Servicio Nacional de Menores (Sename).
A la vez, rechazó la posición de los representantes de las víctimas, que alegan la falta de castigo a los responsables, pues, según Ricke, tras una investigación que duró 20 meses “no encontró evidencias de delito doloso”.
De esta manera, la causa concluyó con sanciones administrativas contra seis funcionarios del Sename y la justicia determinó el sobreseimiento del caso.
Ricke agregó que, además, las familias de cada una de las víctimas recibieron una indemnización equivalente a 98.000 dólares y reconocieron “la integralidad de la reparación”.
Estado admite responsabilidad “parcial” por abusos y muertes en Sename
El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, enumeró las medidas adoptadas por el Estado en los últimos años para poner fin a los abusos en toda la estructura del Sename.
Estas, dijo Gajardo, se enmarcan en “recomendaciones” recibidas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Igualmente, la autoridad destacó que este año se creará una Comisión de Verdad y Reparación “para abordar todos los casos de violencia institucional desde la creación del Sename”, en 1980.
A la vez, aseguró que en los últimos años han mejorado todas las condiciones de reclusión, en el marco de una reforma estructural que ha permitido acabar con el hacinamiento.
La representación de las víctimas reconoció la intención de esas reformas, pero sostuvo que “aún no cumplen sus objetivos, pues en los años recientes se han registrado casos de abusos y muertes” en los centros del Sename.
Esa posición fue respaldada en parte por la abogada Marina Rosa, asesora de la CIDH, quien dijo en la audiencia que, si bien hay un reconocimiento “parcial” por parte del Estado y un empeño por corregir la situación, eso aún no se refleja en la práctica.
“Se valoran las medidas para la no repetición y hay una serie de mejoras, pero persisten las malas condiciones, pues la implementación toma tiempo y aún no se puede verificar”, dijo.
Agregando que “las normas están en el papel, pero no se han manifestado aún en cambios con efectos reales”.
Finalmente, la presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández, concluyó la sesión y dio un plazo “improrrogable” hasta el próximo 24 de junio para la presentación de sus alegatos por escrito.
