El fiscal de alta complejidad oriente, José Antonio Villalobos, llegó durante la tarde de este jueves -junto a personal de la PDI- hasta las dependencias del Hospital Dipreca para requerir información y antecedentes relacionados con un presunto fraude de casi 700 millones de pesos.
Lo anterior, tras la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), con la cual se reactivaron las diligencias por parte del ente persecutor, quien ya ha tomado declaraciones a los presuntos involucrados en este sistema que habría tenido como objetivo defraudar al fisco.
A las pesquisas ordenadas por el fiscal Villalobos se suman además diez nuevas diligencias que pidió el CDE a la Fiscalía de Alta complejidad Oriente. En ese contexto, el acusador dijo que seguirán avanzando en la indagatoria.
Entre otros, el requerimiento del CDE pidió que se cite a declarar a dos personas de la plana administrativa: se trata del Subdirector Administrativo, Guillermo Vidal Varas, para que explique “al tenor de los solicitado y especialmente, el período de sus funciones, la identificación de su jefatura directa, la identificación de su competencia y sus funciones en relación a las modalidades de contratación y control horario que mantiene el hospital con los profesionales anestesistas, durante el período en que oficio el cargo referido”.
En particular, se espera que Vidal “informe a cuánto asciende el honorario o remuneración mensual de un anestesista modalidad 28 AP”, indica el documento.
Lee también: CDE se querella por malversación de casi $700 millones en Hospital Dipreca
Requerimientos similares se realizan respecto de la Sudirectora Administrativa, Adriana Fernández, para que declare sobre las “modalidades de contratación y control horario que mantiene el hospital con los anestesistas”, entre otras solicitudes.
En ese contexto, el persecutor explicó la gravedad de las acciones que habrían ocurrido al interior de la institución, sobre todo por el daño al erario fiscal.
Por lo mismo, se piden antecedentes de los períodos en que prestaron servicios aquellos que gozaban cargos de jefatura, junto con las conclusiones del sumario interno emanado en 2013 desde el hospital.
Estas diligencias se suman a las ya ordenadas por el fiscal Villalobos, quien ha tomado declaración a los presuntos implicados en este caso donde se indaga el delito de malversación de caudales públicos por el pago de casi 700 millones de pesos por cerca de 38.000 horas de servicios que no se habrían prestado.
