El Senado argentino autorizó este miércoles por unanimidad el allanamiento de las tres residencias de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, un paso más en la causa judicial que investiga millonarios sobornos para adjudicar contratos de obras públicas.
La votación fue afirmativa por parte de los 67 senadores presentes en la sesión, incluida la propia exmandataria.
El pedido de allanamiento había sido solicitado por el juez Claudio Bonadio y requería la votación en el Congreso, pues la exjefa de Estado, elegida senadora en 2017, está amparada por fueros parlamentarios.
Fernández se defendió el viernes en el caso de sobornos conocido como “cuadernos de la corrupción” y aseguró que las acusaciones en su contra se deben a que durante su gobierno afectó “intereses económicos concentrados y hegemónicos muy poderosos”.
“A mí nunca nadie me pagó nada por firmar ni este ni ningún otro decreto, ni por llevar adelante ninguna de las medidas de mis gobiernos”, explica la expresidenta en una carta publicada en Twitter para defenderse de los señalamientos hechos por imputados que han decidido colaborar con la justicia.
Fernández de Kichner, quien gobernó Argentina entre 2007 y 2015, es la persona de más alto rango involucrada en el escándalo, que indaga presuntos sobornos de importantes empresarios entre 2005 y 2015 para adjudicación de obra pública.
En su carta, pidió al Senado que para los allanamientos no se permitan cámaras de televisión ni fotográficas, que estén presentes sus abogados así como un senador de su elección y que se resguarden los objetos de uso personal.
“Si encuentran lingotes de oro, millones de dólares o piedras preciosas en bolsas, se los pueden llevar; pero si encuentran un anillo o un collar, está claro que son de mi uso personal”, ironizó.
La causa judicial se inició sobre la base de apuntes tomados por el exchofer Oscar Centeno, quien trabajó para el entonces viceministro de Planificación, Roberto Baratta, y quien llevó una detallada bitácora de los recorridos que hizo durante diez años cargado de millones de dólares.
Esas anotaciones se conocen como los “cuadernos de la corrupción” y han llevado a la detención de una decena de exfuncionarios kirchneristas.
El caso involucra también a los más grandes empresarios de Argentina, entre estos Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. También figuran exdirectivos de la compañía ítalo-argentina Techint y representantes de la Cámara de la Construcción.
Muchos de los empresarios detenidos se declararon como arrepentidos ante la justicia, lo que ha permitido que varios sean excarcelados.
Entre ellos, figura Gabriel Romero, quien afirmó haber pagado sobornos para conseguir la renovación de un contrato para operar en la hidrovía del Paraná-Paraguay.
A la lista de arrepentidos, se sumó esta semana Claudio Uberti, un exfuncionario del gobierno de Néstor Kirchner, muy cercano al gobierno del entonces presidente venezolano Hugo Chávez.
