El gremio que agrupa a aplicaciones de transporte en Chile, Alianza In, señaló su “profunda preocupación” por las nuevas complicaciones que enfrenta la denominada Ley Uber.
Esto luego que un reportaje de Informe Especial revelara que la Subsecretaría de Transportes (Subtrans) cerró el contrato que tenía con la empresa que debería desarrollar la plataforma de Registro de Empresas de Transporte, donde se conservarían datos de conductores, pasajeros y viajes hechos en las apps, por lo que es parte fundamental de la norma.
Ahora, se anunciaría una nueva empresa para hacerse cargo del proceso que, según fuentes a las que tuvo acceso el reportaje, implicaría hacer “todo desde cero”, retrasando aún más la plena aplicación de la ley que estaba prevista para antes del cambio de gobierno.
Aplicaciones cuestionan nuevos atrasos en la Ley Uber
Bajo este contexto, Alianza In -que entre sus socios posee a Uber, Indriver, DiDi y Cabify-, mediante una declaración a la que accedió BioBioChile, recordó que antes advirtieron que “este proceso no sólo representaba un desafío tecnológico de alta complejidad, sino que también implicaba un manejo extremadamente delicado de datos sensibles”.
“Hoy, a la luz de los hechos conocidos, se confirma que el diseño y la ejecución del registro no estuvieron a la altura de lo que el país requiere”, sentenciaron, agregando que el término del contrato no solo retrasan -nuevamente- la aplicación de la Ley Uber, sino que también “generan incertidumbre en el sector, entre los conductores y en los millones de usuarios que día a día utilizan esas plataformas”.
“Lo más preocupante es que, mientras no exista un registro operativo, miles de conductores siguen siendo expuestos a fiscalizaciones e infracciones, pese a la falta de condiciones normativas claras. Esta situación no sólo es injusta, sino que afecta directamente a trabajadores y familias que dependen de esta actividad para su sustento”, aseguraron.
En este sentido, desde el gremio afirmaron que este trabajo debería quedar “para el próximo gobierno, que deberá asumir la tarea con la seriedad y solvencia técnica que un desafío de esta magnitud requiere”, mostrándose dispuestos a colaborar “en lo que sea necesario”.
Un fracaso de más de $500 millones
Luego de intentar dos licitaciones mediante Mercado Público, la Substrans optó por realizar un trato directo por 9.997 UF con Concordia Ediciones SpA en agosto de 2024, para el desarrollo de la plataforma de registro, además de otras 2.999 UF, por lo que el trato terminó por costar más de $513 millones.
En teoría, se esperaba que el registro estuviera listo en la primera mitad de 2025, considerando que la Ley, aprobada en 2023, ha tenido varios atrasos y que el reglamento fue re enviado varias veces a Contraloría por diversos ajustes.
Según reveló la investigación de 24Horas, Concordia presentó un equipo con algunos profesionales de una empresa que previamente quedó fuera de las licitaciones. En este contexto, tras pasar el tiempo, las falencias de la firma llevaron a que se decidiera dar por terminado el acuerdo, sin que estuviera listo el trabajo.
Por todo esto es que ahora, según fuentes citadas por el medio, es que ya se habría seleccionado una nueva empresa que incluso comenzó a trabajar este 1 de octubre, contratada también por trato directo por $800 millones, siendo la implementación del proceso supervisada por el Ministerio y no la Subsecretaría.