El Sindicato de Tripulantes de Cabina de Latam cuestionó a la Dirección del Trabajo, cuyo fallo revirtió la Corte de Apelaciones de Santiago al reconocer el fin de la huelga hace más de un año.
Algunos parlamentarios pidieron al Gobierno que revise la permanencia del director del Trabajo en su cargo.
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En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago le dio la razón al Sindicato de Tripulantes de Cabina de Latam que en marzo del año pasado inició una huelga legal que obligó a la aerolínea reprogramar vuelos domésticos e internacionales.
La justicia reconoció el fin de la movilización cuando los trabajadores aprobaron la última oferta de la empresa el 25 de abril de 2018, revirtiendo así el fallo del Primer Juzgado del Trabajo que había desconocido el término de la huelga.
Esto porque Latam argumentó que el trámite “no se ajustaba a la normativa vigente”, algo que incluso había sido respaldado por la propia Dirección del Trabajo.
Por ello es que los trabajadores esta jornada criticaron al director de esa instancia, Mauricio Peñaloza, como señaló la presidenta del Sindicato de Tripulantes de Cabina de Lan Express, Silka Seitz.
La dirigente acusó que Peñaloza “ha defendido a los empresarios” y que “no ha velado por los trabajadores de Chile”·
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La resolución del tribunal de alzada capitalino explicó que la empresa se equivocó al creer que si los trabajadores iniciaron la huelga, la “última oferta” de la firma se daba por rechazada.
La presidenta de la comisión de Trabajo de la cámara de Diputados, la frenteamplista Gael Yeomans, pidió al Gobierno que revise la permanencia de Peñaloza en su cargo.
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De momento, Latam señaló que “se encuentra analizando el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago para definir sus próximos pasos”, no descartando la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema.
Al respecto, la asesora legal de los trabajadores sindicalizados, Patricia Silva, llamó a la empresa a evitar extender la judicialización del proceso.
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La Corte de Apelaciones de Santiago consignó que el fin de la huelga, fechada el 25 de abril del 2018, “es legal y ajustado a la legislación vigente”, puesto que “la última oferta formulada por el empleador con fecha 23 de marzo de ese mismo año se encontraba vigente al momento de ser suscrita por el sindicato”.