Durante la mañana de este miércoles se realizaron en la Corte de Apelaciones de Valdivia los alegatos por el recurso de protección, interpuesto por siete comunidades indígenas de la provincia de Osorno contra el Estado de Chile, con el fin de evitar el ingreso de empresas mineras a la zona.
De acuerdo a la abogada representante de las comunidades demandantes, Orieta Llauca, se trató de una jornada inicialmente positiva debido a que pudo introducirse en el debate la visión de propiedad que tienen los pueblos originarios, basada en el derecho consuetudinario.
Sin embargo, paso a un sabor amargo luego de que, según denunció, la defensa del Estado chileno se habría burlado de la espiritualidad de las comunidades indígenas, desestimándola como argumento jurídico, pese a estar amparada legalmente bajo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La abogada remarcó que dicha situación demuestra el divorcio existente entre el lenguaje del Gobierno de Michelle Bachelet y el del propio Estado chileno, pues este último a través de sus asesores jurídicos, no se hace cargo de las disposiciones de las cartas internacionales ratificadas por el país.
Se espera que la próxima semana el tribunal emplazado en la capital de la región de Los Ríos, emita el fallo respecto al recurso de protección interpuesto por las comunidades, el cual de ser positivo marcaría un precedente respecto a la protección del territorio indígena ante proyectos de inversión.
En el caso de ser negativo, adelantó Orieta Llauca, motivará la apelación por parte de los denunciantes, así como el análisis de recurrir a tribunales internacionales.
