Luego de que la presidenta Bachelet firmara el proyecto que crea el Sistema de Protección Financiera para Tratamientos de Alto Costo, más conocido como Ley Ricarte Soto, ahora es en la Cámara de Diputados donde continuará su tramitación.

Este proyecto plantea Universalidad, es decir, beneficiará a todos los sistemas previsionales de salud, salvo aquellas prestaciones relacionadas con seguros o similares.

Además, buscará que todos los pacientes tengan garantizada su atención más allá de la condición financiera que presenten.

Por otra parte, dentro de los tratamientos contemplados, se entienden como de alto costo, aquellos que impactan catastróficamente el gasto de los beneficiaros, debido a motivos farmaceúticos, alimenticios o de implementos médicos.

En tanto, la cobertura financiera será similar a la de AUGE. Para los grupos A y B de FONASA cubrirá el 100% de la prestación, sin topes ni limitaciones, mientras que para los otros fondos, será gradual en relación a su grupo.

Los tratamientos serán considerados como de alto costo, en función de una evaluación específica, donde se harán recomendaciones sobre qué procedimiento médico seguir.

Quienes accedan a este beneficio, sólo podrán atenderse en la red de prestadores aprobados por el Ministerio de Salud, a menos que se trate de una urgencia vital o que se esté en riesgo de secuela grave.