Un juez mexicano decretó este sábado la libertad por falta de pruebas del chileno Laurence Maxwell, detenido durante los disturbios del 20 de noviembre pasado en una protesta por la desaparición de 43 estudiantes.

El padre del estudiante chileno, Alberto Maxwell Ilabaca, expresó su alegría por la decisión judicial. “El juez del caso tuvo la mejor decisión al dejar libre a los ocho hombres y tres mujeres, que no habían cometido ningún delito”, aseguró.

“Nuestra lucha por la inocencia de nuestros hijos es la lucha constante de todos los padres de América Latina por la libertad y defensa en todos los sentidos”, dijo Maxwell Canales, quien advirtió que se analizará la posibilidad de proceder contra autoridades mexicanas por violación de derechos humanos.

María Eugenia Ilabaca, madre de Lawrence, agradeció por su parte la disposición del Gobierno que, según señaló, “desde el principio han estado encima del caso de mi hijo”, destacando además la labor del cónsul de Chile en México y del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El gobierno, en voz del canciller Heraldo Muñoz, también mostró su satisfacción con la noticia.

“Es una muy buena noticia para su familia, para Laurence, para sus amigos y por cierto también para el Gobierno de Chile, y la Presidenta de la República me ha encargado de comunicarle a la familia, particularmente a su madre, que ha estado hace pocas horas con ella en La Moneda, nuestra complacencia porque sabemos que la preocupación de una madre y su familia respecto a la situación ha sido intensa en los últimos días”, afirmó el jefe de la diplomacia chilena.

Además, y consultado por las críticas ante la supuesta falta de pruebas, el ministro evitó ser tajante, afirmando que “no puedo referirme a si las había o no. Evidentemente, si están levantando los cargos es porque no había pruebas”.

Por último, y ante las gestiones realizadas por La Moneda, Muñoz se limitó a señalar que prestaron apoyo a través del Consuldado “desde el primer minuto en que fue detenido, como corresponde que la Cancillería reaccione a la situación de cualquier chileno que esté en dificultades en el exterior”.

Mientras, el embajador de Chile en México, Ricardo Núñez, también recibió con alegría la decisión judicial asegurando que “pensamos que se hizo justicia”.

Los 11 prisioneros habían sido detenidos tras la marcha del 20 de noviembre que concluyó en un enfrentamiento entre manifestantes y antimotines en la neurálgica plaza del Zócalo de Ciudad de México.

Los detenidos fueron acusados por la fiscalía de crimen organizado, tentativa de homicidio y motín, pero ONG’s como Amnistía Internacional denunciaron que no había evidencias en su contra y exigieron su inmediata liberación.

Su reclusión en penales de alta seguridad y la debilidad de las acusaciones, basadas únicamente en el testimonio de policías, “plantean la cuestión de si existe un intento deliberado para desalentar las protestas legítimas”, dijo Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La multitudinaria manifestación fue la última de una serie de protestas en México por la desaparición y posible masacre hace dos meses de los 43 estudiantes en el estado de Guerrero (sur) a manos de policías coludidos con narcotraficantes.