Laurence Maxwell, chileno y estudiante de posgrado de la UNAM, lleva dos días detenido en una cárcel de alta seguridad en Veracruz, México. Florence Cassez estuvo más de 4000 días detenida en una cárcel similar.
Ambos casos difieren en los contextos, circunstancias y en los delitos impugnados, pero coinciden en el hecho de que ambos cayeron en una intrincada red de procedimientos policiales y judiciales del sistema legal mexicano que, en el caso de la francesa, la mantuvieron privada de libertad por 7 años, y que en el caso del chileno, lo mantienen aun detenido.
Florence Cassez fue liberada finalmente en enero del 2013, gracias a la resolución de la Corte Suprema mexicana que admitió un amparo a su favor debido a las innumerables irregularidades en las que incurrieron las más altas autoridades de la policía mexicana, que acusaban a la francesa de pertenecer a una banda de secuestradores en la Ciudad de México, en un contexto social donde el secuestro de ciudadanos era la principal amenaza de seguridad por la que atravesaba el país norteamericano en el 2005.
El caso de Cassez se tornó un asunto de prioridad máxima para las autoridades francesas, debido a lo que consideraron como denegación de justicia por parte del gobierno mexicano, se cancelaron diversas actividades binacionales, entre ellas, el año dedicado a ambos países que se celebraría en 2011 y que enfrentó duramente al México de Felipe Calderón con la Francia de Sarkozy.
El caso suscitó el interés internacional, luego que las autoridades policiales mexicanas admitieran que la detención de la francesa fue el resultado de un montaje visto en vivo y en directo en la televisión pública, específicamente en el noticiero de Televisa, a cargo de Carlos Loret de Mola.
La mañana del 8 de Diciembre del 2005, miles de televidentes vieron cómo un operativo de la policía terminaba en la hollywoodense captura de una banda de secuestradores, entre las que estaba Cassez, junto con la liberación de varias víctimas.
Siete años después, el amparo que liberó a Cassez daba cuenta de las diversas irregularidades y montajes judiciales que hasta el día de hoy siguen impunes, particularmente en lo que dice relación con la responsabilidad directa de la máxima autoridad de la policía federal de ese entonces, Genaro García Luna, y de la responsabilidad indirecta de los medios de comunicación que actuaron como cómplices. Es, lo que el periodista mexicano de la revista Nexos, Héctor de Mauleón, ha descrito como un “laberinto de fabricaciones”.
No sabemos exactamente cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la detención de Laurence Maxwell el 20 de Noviembre en algún lugar cercano al Zócalo de la ciudad de México. Sus conocidos y grupos de apoyo en México señalan que Laurence se encontraba amarrando su bicicleta cuando se vio envuelto en una encerrona por parte de la polícia del DF, y que él, junto a 10 personas más, fue arrestado, acusado de “Motín”, “delincuencia organizada” y “tentativa de homicidio”, delitos de fuero federal y de la máxima gravedad en México, por lo que arriesga hasta 20 años de presidio.
No sabemos qué fue lo que realmente sucedió y cuál es la responsabilidad que le cabe a Maxwell. No se conocen pruebas y tampoco ha sido posible que un abogado interceda ante la justicia por los cargos que se le imputan. Lo que sí sabemos es que su detención ha estado plagada de irregularidades y que, si bien ellas difieren en circunstancias con lo ocurrido con la francesa Cassez, apuntan a un manto de incertidumbres y sospechas que rodean, como con la francesa, su detención.
Por ejemplo, Maxwell no ha podido ser asistido por un abogado de su elección que lo defienda de los cargos que se le imputan, y en cambio se le ha asignado un abogado de oficio, funcionario de la misma entidad que lo está acusando, funcionario que según datos de sus familiares y amigos, ha estado más bien obstruyendo la escasa información que se tiene sobre Maxwell.
Si bien es cierto que ha sido asistido por el consulado chileno, esto está previsto por la misma ley mexicana y no ha sido una concesión de las autoridades de México. De hecho, la falta de asistencia consular por parte de Francia al momento de la detención de Cassez fue una de las irregularidades que tuvo en cuenta la Corte Suprema de ese país para otorgarle el amparo el 2013.
La situación de Laurence Maxwell es a todas luces preocupante y el Estado chileno debe ponerle máxima prioridad a la exigencia de su liberación. Un factor a tener en cuenta es la red de repercusión que el caso de Maxwell está teniendo en cierto sector de la prensa mexicana, con una parcialidad que recuerda el caso de Cassez y el rol que jugó el gigante mediático Televisa.
De la misma forma como lo hicieron Loret de Mola y los reporteros involucrados de su noticiero en 2005, en el caso de Maxwell, periodistas como Ricardo Alemán, columnista de distintos medios, a pocas horas de la detención de Maxwell publicaba en su Twitter datos tales como el número de ingresos del chileno a México, su fecha de nacimiento, y el posgrado que se encuentra cursando actualmente, en momentos en que el ministro del Interior mexicano, Osorio Ochong, sólo identificaba a Maxwell como “extranjero” y lo catalogaba como uno de los detenidos “más violentos”.
En el medio La otra Opinión, a su vez, se escribe un artículo sobre Maxwell titulado “Quién es el anarquista extranjero?” Esto se complementa con lo que publica el diario La Razón, que en su versión digital caracteriza el perfil de los anarquistas involucrados en las manifestaciones como terroristas, y que contiene en el mismo artículo el perfil de Laurence Maxwell, salpicado de errores y subtitulando “El vándalo chileno tiene 43 años de edad” (sic).
El canciller mexicano de visita en Chile, ha señalado que Maxwell goza de todas las garantías legales al estar a “disposición de un juez”, juez que no ha mostrado las pruebas que inculparían a Maxwell ni qué procedimiento le está siguiendo, dado que en primera instancia, no fue presentado ante los tribunales locales del DF, y en cambio aislado en dependencias de la SIEDO para, posteriormente, trasladarlo a un penal en Veracruz, entre gallos y medianoche.
El canciller chileno Heraldo Muñoz ha dicho que ha conversado -de “forma reservada”- con Meade, luego de haberse hecho parte de las versiones de la familia y conocidos de Maxwell en México, dando a entender -en el lenguaje de la diplomacia- que la primera actitud tomada por el Vocero Álvaro Elizalde en términos de confiar en la institucionalidad mexicana, ha quedado atrás.
Ciertamente, es por ese camino que el Gobierno de Bachelet debe profundizar sus gestiones. Al parecer, estamos en presencia de un nuevo montaje por parte de las autoridades policiales y jurídicas mexicanas para culpar a personas que tuvieron la mala suerte de estar en el lugar incorrecto en el momento inadecuado. Las razones de este posible montaje son demasiadas para exponerlas aqui.
Por lo pronto, el Gobierno de Chile no debe titubear y debe exigir de forma inteligente,efectiva y diplomática, pero no por eso menos firme, la comparecencia inmediata de Maxwell ante un juez en condiciones transparentes y apegadas a derecho junto con la exigencia de que sea asistido por un abogado independiente a cualquier dependencia del gobierno mexicano.
La inexistencia de estas garantías mínimas, debe llevar al Gobierno de Chile a ejercer presión al más alto nivel, incluido ante instancias internacionales. De otra forma Chile puede terminar viendo, al igual que Francia, cómo uno de sus ciudadanos ve perdida su libertad en un intrincado “laberinto de fabricaciones”.
Claudio Santander Martínez , Profesor de Filosofía Política. Actualmente estudia un PhD en Politics, Economics and Philosophy, en la Universidad de York, en el Reino Unido.
