A cuatro años de la masacre de 72 emigrantes en el pueblo mexicano de San Fernando (noreste), activistas de derechos humanos y periodistas denunciaron este martes que persisten las condiciones para que ocurra una tragedia similar.

“A cuatro años de esta masacre no hemos aprendido” y “las cosas van empeorando”, alertó el mexicano Alejandro Solalinde, un reconocido sacerdote y activista defensor de los emigrantes, durante una conferencia de prensa en la que organizaciones civiles hicieron un balance de lo ocurrido desde la matanza.

Entre el 22 y 23 de agosto de 2010, 72 emigrantes indocumentados de El Salvador, Honduras, Guatemala, Ecuador y Brasil fueron asesinados a sangre fría en un rancho de San Fernando (a 160 km de la frontera con EEUU) supuestamente por negarse a trabajar para el sanguinario cártel de Los Zetas, que los había secuestrado en algún punto de su ruta clandestina a Estados Unidos.

Los activistas reunidos en Ciudad de México aseguran que desde entonces no han mejorado las condiciones de seguridad de las decenas de miles de emigrantes, especialmente centroamericanos, que cada año tratan de cruzar el vasto territorio mexicano, muchos de los cuales son detenidos por las autoridades o asaltados por el crimen organizado.

“El gran problema es que todo está puesto para que esto vuelva a ocurrir”, dijo Óscar Martínez, un periodista salvadoreño especializado en la migración regional.

Martínez señaló que, a base de matanzas, secuestros y agresiones, Los Zetas han logrado tener el control de la ruta por la que los emigrantes transitan hacia la frontera norte. Todo el que transite por el territorio que controlan está obligado a pagarles 200 dólares, recordó.

Los activistas también fustigaron las políticas del gobierno mexicano para enfrentar la actual emergencia por el incremento de la migración de menores de edad así como su declarada intención de impedir que los indocumentados utilicen el tren de carga mexicano conocido como ‘La Bestia’ para avanzar hacia el norte.

Para Martínez, los integrantes del crimen organizado enviarán un mensaje violento cuando vean que los emigrantes siguen nuevas rutas ante el impedimento de subir a ‘La Bestia’, al mismo tiempo que quedarán vulnerables ante otras organizaciones criminales.

El sacerdote Solalinde tampoco cree que las medidas de México logren frenar el flujo de emigrantes, a causa de la conflictividad existente en sus países de origen.

“Lo peor está por venir, podemos esperar un estallido en Centroamérica, muy posiblemente en El Salvador y seguro en Honduras”, dijo el religioso, que dirige el albergue Hermanos en el Camino, en la región de Oaxaca (sur), uno de los puntos más peligrosos de la ruta de ‘La Bestia’.