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Suprema ordena investigar detención de inmigrantes en precarias condiciones en cuartel de la PDI
Publicado por: Erik López
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La Corte Suprema ratific√≥ el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que acogi√≥ un recurso de amparo presentado en favor de 17 inmigrantes que se encontraban detenidos en el cuartel Borgo√Īo de la Polic√≠a de Investigaciones (PDI) en precarias condiciones.

En fallo dividido, los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos K√ľnsem√ľller, Alfredo Pfeiffer (suplente) y el abogado integrante Jorge Baraona ratificaron la sentencia del 9 de marzo pasado que acogi√≥ la acci√≥n cautelar presentada por la Corporaci√≥n de Asistencia Judicial Metropolitana (CAJ) ordenando la libertad de los inmigrantes detenidos y enviar informes al Ministerio P√ļblico, al Ministerio del Interior y a la Direcci√≥n de la PDI para que investiguen penal y administrativamente los hechos.

Los extranjeros son de nacionalidad colombiana, haitiana, brasile√Īa, nicarag√ľense, sudafricana y nepal√≠, quienes denunciaron condiciones de insalubridad y hacinamiento del cuartel Borgo√Īo, donde estaban detenidos a la espera de su expulsi√≥n del pa√≠s.

La sentencia fue acordada con el voto en contra de los ministros Dolmestch y Pfeiffer, quienes estuvieron por revocar la sentencia en alzada s√≥lo en cuanto por sus decisiones 2¬į y 3¬į ordena denunciar los hechos al Ministerio P√ļblico porque “estos antecedentes pudieran revestir los caracteres de delito, ‚Ķ” y enviar copia √≠ntegra de la causa al se√Īor Ministro del Interior y al se√Īor Director de la Polic√≠a de Investigaciones de Chile, “para los efectos disciplinarios a los que pudiera haber lugar ‚Ķ”.

En consecuencia, y respecto de la otra decisión del fallo, esto es, la orden de libertad inmediata de los amparados, que en el hecho ya se encuentra cumplida, concurren a su confirmatoria.

A juicio de los disidentes, “aplicando un necesario criterio de realidad, tanto la denuncia al Ministerio P√ļblico como la comunicaci√≥n a las autoridades administrativas se√Īaladas, son del todo improcedentes y constituyen una sanci√≥n p√ļblica injusta e inmerecida para la Polic√≠a de Investigaciones de Chile. Lo anterior porque √©sta, interpretando las normas pertinentes relativas al cumplimiento de los decretos de Interior que disponen la expulsi√≥n de extranjeros y que le corresponde ejecutar, lo cual se ha traducido en protocolos y procedimientos utilizados por a√Īos y a√ļn vigentes, considerando los medios y facultades a su alcance, les han parecido correctos y conformes con la ley. Si ahora, la jurisdicci√≥n, requerida legalmente para actuar, como debe hacerse y como sucedi√≥ en este caso, decide que en la especie existe colisi√≥n de normas no derogadas expresamente, que afectan derechos fundamentales, por lo que el proceder policial resultar√≠a contrario a la ley, ordenando la libertad inmediata de los afectados, ello representa una situaci√≥n nueva que debe cumplirse, pero en caso alguno significa que √©stos hayan actuado conscientes y con la intenci√≥n positiva de trasgredir la ley, como supone la denuncia criminal ordenada, coloc√°ndolos, institucionalmente, en la extrema situaci√≥n de ser investigados por el √≥rgano persecutor penal. Lo mismo es v√°lido para la comunicaci√≥n ordenada y por la cual se dispone establecer eventuales responsabilidades administrativas y disciplinarias”, opinan los disidentes.

Los inmigrantes son acusados de delitos como infracción a la ley de drogas, lesiones graves, clonación de tarjetas, porte de armas cortopunzantes e ingreso clandestino, aseguró la Policía de Investigaciones.

Los inmigrantes se√Īalaron que pasaron m√°s de 15 d√≠as bajo arresto, por lo que sus abogados culparon a la PDI de incumplir la medida legal de ponerlos a disposici√≥n del tribunal antes de 24 horas.

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