El gobierno uruguayo anunció el lunes el lanzamiento de un plan de acción contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
El plan incluye entre sus objetivos armonizar el marco legal de la política contra el lavado de activos, crear un sistema de información estratégico sobre lavado, fortalecer el sistema de supervisión y aplicar medidas antilavado en las asociaciones público-privadas.
En materia de represión penal, se planea reforzar los mecanismos de investigación sobre patrimonios ilícitos, fortalecer los juzgados y fiscalías especializadas, establecer un programa de protección de testigos y víctimas y mejorar los procedimientos de cooperación judicial internacional.
“Este es el comienzo de un modo de relacionanto con este tipo de delito”, destacó en conferencia de prensa el secretario nacional antilavado Carlos Díaz.
El plan fue definido en el marco del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y contó con el asesoramiento técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Mariano Federici, asesor regional del Grupo de Integridad Financiera del FMI, destacó entre las fortalezas del país el “fuerte compromiso político” y la coordinación interinstitucional entre los distintos organismos involucrados en la materia.
Al Banco Central del Uruguay (BCU) llegan unos 220 reportes anuales de situaciones sospechosas de lavado, que son analizados y en caso necesario trasladados a la justicia, indicó el gerente de la Unidad de Información de Análisis Financiero del BCU, Daniel Espinosa.
Espinosa explicó que, como en el resto del mundo, en Uruguay los sectores más afectados por el lavado de dinero son el financiero y el inmobiliario, y en ellos se concentrará prioritariamente el gobierno en los próximos años.
“Sabemos que la tarea central es no permitir bajar la guardia”, aseguró el prosecretario de la Presidencia Diego Cánepa.
