Habitantes del poblado indígena mexicano de Cherán (oeste) retuvieron a 14 policías y a un asesor estatal después de que el miércoles fueran asesinadas ocho personas en un ataque armado por taladores ilegales que actuaban en la zona, informaron fuentes policiales.

“Se llevaron a nuestros compañeros como forma de represión de que nosotros, supuestamente, no estamos patrullando bien la zona”, explicó a la AFP un agente de la policía del estado de Michoacán, al que pertenece Cherán, quien se encuentra en la zona.

El gobierno de Michoacán intenta llegar a un acuerdo con los pobladores de Cherán para la liberación de los retenidos.

El conflicto se desató el miércoles cuando se produjo un ataque a tiros por parte de taladores ilegales que fueron sorprendidos cortando árboles de forma clandestina en las cercanías de la comunidad de Cerecito en el que, según la fiscalía estatal, murieron ocho vecinos dedicados a preservar los bosques del área.

Sin embargo, este jueves, las autoridades de Cherán aseguraron que sólo dos de los fallecidos son habitantes del lugar y que otros dos resultaron heridos en el ataque, pero se desentendieron de los otros seis fallecidos.

“Nos deslindamos, categóricamente, de los otros muertos que ahora se dice fueron producto de enfrentamiento”, indicó en un comunicado el Consejo Mayor del gobierno comunal de Cherán, que teme que quieran hacer pasar a las otras seis víctimas como fallecidos por la reacción de los indígenas.

“Desconocemos el móvil de las seis muertes que está reportando la Procuraduría de Justicia y el modo en que fueron asesinados. (…) Lo que están haciendo las autoridades es hacer aparecer esos muertos como parte de un enfrentamiento que no hubo”, ya que los pobladores atacados no portaban armas, dijo en declaraciones a la prensa el miembro del consejo Salvador Campanur.

En la mañana del jueves, vecinos de Cherán, localidad enclavada en la Meseta Purépecha, retuvieron en las cercanías de esta localidad a los 15 funcionarios por considerar que no vigilan de forma correcta la zona para evitar la tala ilegal y para pedir la intervención de la fiscalía federal y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana en el caso.

Hace casi un año, en ese mismo municipio tuvo lugar otra agresión armada de taladores en la que también murieron dos miembros de la comunidad indígena, que se encarga de cuidar sus propios bosques, y a partir de entonces los pobladores tienen bloqueado el acceso al pueblo a los forasteros para garantizar la seguridad.

A raíz de este incidente emprendieron un juicio legal en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación los autorizó a escoger a sus representantes comunales según sus usos y costumbres.